Este lunes un juez de oralidad de Valle de Santiago, declaró legal la detención de los once adultos detenidos en León y a los que atribuye la Procuraduría General de Justicia el secuestro, tentativa de homicidio y robo calificado cometidos el pasado jueves, en Santa Rosa de Lima contra tres personas, pero la audiencia de imputación fue prorrogada para el próximo jueves a petición de los detenidos.
CRIMINAL
Los once presuntos integrantes de una célula criminal capturados con un arsenal y tres vehículos por la policía municipal de León el jueves 14 de septiembre ya están en prisión preventiva a disposición de las autoridades judiciales, mientras se resuelve su situación jurídica; en tanto que el capturado número doce ya estaría sujeto a proceso penal en el Sistema de Justicia para Adolescentes e interno en el centro de internamiento de ese sistema en León.
Los once adultos, están presos en el Cereso Mil, en valle de Santiago, donde son procesados todos los casos de secuestro y donde este lunes asistieron a una sala de oralidad para el control de su detención.
El Ministerio Público logró que el juez de control declarara legal la detención a que estuvieron sujetos desde su captura y durante la investigación ministerial hasta su presentación a la autoridad judicial.
Sin embargo, antes de que se procediera a la formulación de imputación en contra de ellos, los detenidos y sus defensores solicitaron duplicidad del término constitucional, que les fue concedida, para preparar su defensa.
La audiencia será reabierta el próximo jueves, en una sala de Oralidad de Valle de Santiago.
La Procuraduría General de Justicia les imputará el delito de secuestro, cometido el pasado 14 de septiembre en agravio de dos personas de un negocio de sistemas de audio, así como tentativa de homicidio, cometido en el mismo lugar en agravio de otra persona y robo calificado, porque se habría apoderado de objetos personales de las víctimas.
MALTRATADOS
Por otra parte, familiares de personas secuestradas el pasado ocho de septiembre en San Gabriel y Antonio Madrazo, un hecho que el Procurador de justicia Carlos Zamarripa Aguirre atribuyó al mismo grupo en declaraciones públicas, se quejaron del trato que reciben de investigadores ministeriales.
Aseguraron que ante los requerimientos de información sobre el paradero o la suerte que han corrido las víctimas, las autoridades investigadoras reconocen que no los localizan y solicitan una y otra vez información que ya les ha sido aportada.
