Bárbara Botello Santibáñez quedó sujeta de nuevo a proceso penal por el delito de peculado, presuntamente cometido en agravio del erario leonés, por resolución de la jueza Grecia Selene Acosta Muñoz, y enfrentará el proceso en libertad en un caso que fue sentenciado y reparado el daño por dos exfuncionarios que admitieron su responsabilidad en juicio sumario.
Este jueves la jueza Grecia Selene Acosta Muñoz, adscrita al juzgado tercero penal de partido, notificó a la exalcaldesa y exdiputada federal, Botello Santibáñez, el auto de formal prisión con el que la sujeta a proceso penal por daño al erario de aproximadamente un millón y medio de pesos, cometido durante su administración municipal, y en el que ella ha negado tener responsabilidad.
La Fiscalía estatal le atribuyó a la exalcaldesa la responsabilidad en la firma de contratos simulados de prestación de servicios por los que se pagó ese monto, durante su administración entre 2012 y 2015.
Los exfuncionarios Roberto Pesquera y Amilcar López Zepeda, quienes se desempeñaron como tesorero y director de Movilidad respectivamente durante ese trienio, confesaron tener responsabilidad en ese delito y repararon el daño al erario, mientras que Bárbara Botello ha sostenido que no tuvo participación en tales contratos.
El caso es el mismo iniciado en mayo del 2019, cuando la exalcaldesa fue aprehendida y sujeta a proceso penal, pero un amparo federal dejó son efecto aquel auto de formal prisión.
Con esta nueva resolución se reanuda el proceso contra Botello Santibáñez, quien anunció que apelará el auto de formal prisión y buscará una nueva resolución del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, además de reiterar que mantiene su confianza en el Poder Judicial del Estado.
“No está comprometida mi libertad”
Tras conocer la resolución en su contra, Bárbara Botello emitió un extenso comunicado en el que acusó al aparato jurídico de aplicar la justicia selectiva, además de asegurar que la sentencia judicial no la obliga a permanecer encarcelada.
«Este auto es una de las aberraciones jurídicas más grandes que he visto en mi carrera de 30 años de ejercicio del derecho. No hay empresas fantasma, lo que hay son acusaciones fantasma de parte de un gobierno fantasma que pretende asustar a sus enemigos, pero que es incapaz de asustar a la verdadera delincuencia que se ha enseñoreado de nuestro estado y de nuestro municipio. Por eso voy a seguir defendiéndome del aparato del Estado y del PAN-Gobierno que se ha dedicado permanentemente a perseguirme por todos los medios posibles».
“Es importante aclarar a la opinión pública que, al tratarse de un asunto que se tramita con las reglas del anterior sistema de justicia penal, este auto consiste en una resolución de la autoridad judicial que fija la clasificación legal de los hechos que se imputan y se atribuye la probable responsabilidad a un sujeto. En caso de ser necesario también se ordena la prisión preventiva como medida cautelar. Esto último no ocurre en el presente caso. De ninguna manera está comprometida mi libertad por este auto».
Aseguró la exalcaldesa, quien también explicó que la resolución emitida por la jueza es apenas la resolución inicial del proceso, que ayude a validar las etapas posteriores que se requieren antes de dictar sentencia.
“ Todavía faltan las etapas correspondientes a las pruebas y a las conclusiones de las partes. En la etapa probatoria estaremos presentando las pruebas de descargo. Ahora sí tendré esa posibilidad, lo que hasta ahora no ha ocurrido, porque en 144 horas es imposible refutar lo que armaron a lo largo de 5 años» puntualizó.
Por su parte su abogado defensor, Edmundo Lozano, declaró a la prensa que ahora que inició el juicio, interpondrán una apelación para que el supremo Tribunal de Justicia del Estado revise el caso y defina si es correcta la resolución que dio la jueza tercero penal.
