En medio de una controversia, la comisión de contraloría aprobó con 2 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la propuesta para iniciar la investigación sobre presuntas irregularidades de exfuncionarios de la pasada administración municipal en la licitación del contrato de recolección de basura, antes de que prescriba el plazo el 24 de marzo para aplicar posibles sanciones administrativas, penales, civiles, económicas.
Hoy será presentada esta propuesta al pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria, a la que se convocará unas horas antes de acuerdo a la normatividad con el propósito de que sea aprobada por la mayoría de los ediles.
Esto es a efecto de que no prescriba el plazo legal de 3 años para la aplicación de posibles sanciones a los presuntos responsables ex-integrantes del Consejo del Sistema Integral de Aseo Público (SIAP), del Comité Técnico Especializado, de la Comisión de Regidores de Medio Ambiente, y del Ayuntamiento del anterior gobierno municipal priista.
El contralor Esteban Ramírez Sánchez, expuso que la propuesta de investigación se deriva de las cuatro observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) al proceso de licitación al contrato del SIAP otorgado a las empresas GISA y Red Recolector en el 2014.
Las irregularidades son desde la elaboración de las bases de licitación del contrato, el proceso de revisión, hasta la aprobación por el Ayuntamiento, de acuerdo a conductas o procedimientos técnicos, administrativos, financieros, de parte de los exfuncionarios en lo que se refiere a unidades, rutas, personal, turnos, talleres, toneladas de recolección de basura, población a atender, de acuerdo al Artículo 11 fracción primera de la Ley de Responsabilidades.
El 24 de marzo del 2014 el Consejo del SIAP, presentó y aprobó las bases de licitación del contrato, el 26 de marzo de 2014 lo aprobó la Comisión de Regidores de Medio Ambiente Sustentable, el 27 de marzo de 2014 lo aprobó por mayoría el Ayuntamiento, sin revisar nada a fondo de acuerdo a su competencia, destacó el contralor.
A FONDO
Por su parte, el regidor priista, Salvador Ramírez Argote, cuestionó que no se dio a conocer a los regidores de la comisión de manera oportuna el documento de la ASEG para revisarlo a fondo antes de aprobarlo para no cometer el error de aprobarlo sin fundamento firme, con apego a derecho, y exigió una explicación precisa sobre cómo encuadran las conductas de cada uno de los exfuncionarios presuntos responsables en el marco legal y si la prescripción está en función de la notificación a funcionarios o del inicio de la investigación.
Incluso resaltó que el entonces regidor Dr. Javier Ayala Torres votó a favor en alguno de estos pasos de la licitación del contrato del SIAP.
Esto motivó al síndico, Luis Ernesto Ayala Torres, a aclarar que con base al artículo 71 de la Ley y del 55 del reglamento interno del Ayuntamiento, se abstenía de opinar y de votar en este tema, para evitar conflicto de intereses.
Salvador Ramírez Argote cuestionó también sobre qué sujetos o exfuncionarios en específico se estaba hablando de presuntas irregularidades.
