Empresas ubicadas en parques industriales de las ciudades de Silao, Irapuato y Salamanca han sido señaladas por cientos de empleados por no cumplir de forma adecuada con el reparto de utilidades y la diputada Martha Edith Moreno Valencia pidió a instancias laborales federales y estatales brindarles acompañamiento.
La presidenta del Congreso del Estado subió a tribuna para abordar el caso de cientos de empleados de empresas ubicadas en esas ciudades los que no se les concedió esta prestación o bien se les redujeron los montos, sin justificación alguna.
“Nos hemos encontrado con inconformidades de diferentes empresas de Guanajuato que han informado que este año no habrá reparto de utilidades y esa noticia ha causado descontento”, dijo.
Explicó que los mismos empleados han señalado casos como la empresa Mazda, que en su planta de Salamanca redujo de 30 mil pesos, que se entregaron a cada trabajador el año pasado, a solo 9 mil en este 2026.
Otras empresas que no han cumplido son YKM, Danone, en su planta, ubicada en Irapuato y varias de las que se localizan en el parque industrial Fipasi, en la ciudad de Silao.
Moreno Valencia apuntó que, además, varias de estas empresas, por medio de personal administrativo comenzaron a despedir a los empleados que dieron a conocer la falta de cumplimiento de este derecho laboral.
Otras empresas, aunque llegaron a un acuerdo para poner fin a la relación laboral, han emprendido acciones fuera de la legalidad para boletinar a los trabajadores que denunciaron la falta de pago de utilidades, para que no les den trabajo en otras plantas industriales.
Señaló que este tipo de represalias no se deben permitir y es por eso que pidió la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y la Subsecretaría del Gobierno estatal.
Con la colaboración de estas instancias, se espera brindar asesoría y acompañamiento a estos trabajadores y que además que se cumpla con este derecho laboral, se evite que este tipo de prácticas se extiendan y causen mayor daño a la clase trabajadora.
“La exigencia central es clara, todo trabajador merece claridad y respeto en el reparto de utilidades, sin reducciones injustificadas ni arbitrariedades”, afirmó.
