Mientras la indignación social y gremial por el asesinato del periodista de El Salmantino se mantienen con las exigencias de seguridad pública y garantías para el desarrollo del trabajo periodístico, el procedimiento penal apenas inicia.
El juez no ha definido si hay elementos de prueba suficientes para sujetar a proceso penal y extender la prisión preventiva de quienes apenas fueron imputados.
Tras el asesinato de Israel, cometido el 9de noviembre en el fraccionamiento Villa Salamanca 400 y una semana intensa de manifestaciones y exigencia a las autoridades estatales y municipales, y tras de cateos realizados por la fiscalía estatal en el fraccionamiento Barlovento, contiguo a Villa Salamanca 400, la Fiscalía anunció el 15 de noviembre el esclarecimiento del asesinato y la captura de dos presuntos implicados: José N y Martín N.
El lunes 16, tras formularles imputación de homicidio calificado ante un juez de control en una sala de oralidad de Salamanca, anunció que fueron detenidos con orden de aprehensión y que los detenidos y su defensa solicitaron prórroga para resolver sustitución jurídica.
Por definirse
La prórroga significó la extensión del término de 72 horas que marca la ley, a 144 para que los imputados y sus abogados pudieran organizar su defensa, la cual presentarán ante el juez el próximo viernes 20 a las 10:30 de la mañana, según la fecha fijada por el juez.
En tanto, de acuerdo con el procedimiento penal de oralidad, la imputación ministerial no es sino la solicitud de una de las partes, con toda su argumentación y despliegue de datos de prueba, para que se considere a los dos detenidos como posibles responsables de ese asesinato. La decisión.
Una solicitud que ya planteó la Fiscalía, y contra la que se opondrán los datos de prueba de los imputados y sus defensores, así como el debate entre las partes ante el propio juez, a fin de que este valore y resuelva a quien concede la razón y el derecho: a la fiscalía, concediendo la sujeción a proceso penal y extendiendo la prisión preventiva a los imputados hasta que se dicte sentencia; o a estos últimos dejándolos en libertad.
Eso aún está por ser definido y será hasta el próximo fin de semana cuando se conozca qué resolvió el juez.
Pero aún cuando el juez concediera a la fiscalía la sujeción a proceso penal contra José N y Martín N, no podría hablarse con certeza del esclarecimiento, pues aún quedaría pendiente la tarea de probar sin lugar a dudas la responsabilidad de ellos en ese asesinato, en una futura audiencia de juicio.
O bien, la confesión del crimen por parte de los imputados para que sean sentenciados en procedimiento abreviado con una pena menor de cárcel a la que se les pueda imponer en juicio, según el estilo que vienen adquiriendo la procuración y la administración de justicia en estos tiempos.
