Los hechos acontecieron el primero de junio del 2019 en una propiedad privada de Dolores Hidalgo que había sido objeto de investigación por el delito de despojo un año antes, pero el MP ya había descartado ese delito y había archivado la carpeta de investigación.
El primero de junio del 2019, 2 agentes de investigación criminal de la FGE se presentaron en la propiedad sin orden judicial ni justificación, por el supuesto despojo, y propiciaron así un enfrentamiento a balazos que dejó muerto al propietario y detenidos un hijo suyo y a un nieto, de 15 años de edad.
Ambos fueron remitidos en calidad de detenidos ante un juez calificador del municipio de Dolores Hidalgo, quien los mantuvo detenidos a disposición del MP del fuero común.
Todo esto según en las consideraciones que hace la PDH en el expediente de queja número 65/19-D, en cuya resolución declaró acreditadas violaciones a los derechos humanos de los dos detenidos, tanto el derecho a la seguridad jurídica como violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes en el caso del menor de edad.
La PDH se deslindó de pronunciamientos sobre la investigación ministerial de aquel homicidio, sobre los que el MP decretó no ejercicio de la acción penal según la misma PDH.
En cambio dirigió el pasado 23 de noviembre recomendaciones que se traducen en la declaración de la violación de los derechos humanos de las víctimas, que las autoridades recomendadas procuren atención psicosocial a las mismas; deslinde de responsabilidades administrativas sus consecuencias a los servidores públicos implicados, así como acciones para evitar la repetición de dichas violaciones.
Los servidores públicos señalados son dos policías de investigación criminal de la FGE que intervinieron el día de los hechos iniciando el incidente, así como dos más que intervinieron posteriormente tras el enfrentamiento, y un juez calificador del municipio de Dolores Hidalgo.
No se tiene noticia de la aceptación y cumplimiento de dichas recomendaciones por parte de las dos autoridades señaladas.
