Legisladores y dirigentes priístas informaron ayer, por una parte, que como diputados locales liquidaron asesor parlamentario con 700 mil pesos lo cual no afecta sus ingresos; y, por otro lado, al dar a con conocer resultados de una encuesta política, económica y social en la entidad, dijeron que Guanajuato es un Estado inseguro y corrupto”.
Liquidación económica por sus servicios de menos de una año y por más de 700 mil pesos, que no afecta los ingresos y finanzas a la fracción del PRI en el Congreso Local, aceptó ex asesor de la bancada parlamentaria, quien fue despedido injustificadamente y exigía pago de sus servicios por más de millón y medio de pesos.
Empero, “llegamos a un arreglo, para que la denuncia del demandante no llegará a instancias de los tribunales del trabajo, liquidación que “no afecta, según los ingresos priístas en la cámara local”, según lo declaró el experto político y negociador tricolor, como el diputado local y coordinador del GPPRI, exlíder estatal de la CNC afiliada a ese instituto político, Rigoberto Paredes.
Y comentó que “no queríamos que el proceso de denuncia llegara ante los tribunales laborales y llevará de 5 meses a un año, por eso hablamos con la persona interesada y llegamos a un acuerdo para ambas partes”.
ENCUESTA
Por otra parte, luego de dar a conocer los resultados de la consulta ciudadana “Hablemos Claro por Guanajuato”, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, diputado Santiago García López, manifestó que el 88 % de los encuestados opinaron que la inseguridad aumenta a cada día y que a pesar del proyecto Escudo nueve de cada 10 guanajuatenses se sienten inseguros.
A su juicio, esa percepción de inseguridad se da en un ambiente de profunda desigualdad social, y de “opacidad”, este último, primo hermano de la corrupción y en el cual nuestro estado también ocupa a nivel nacional un lugar “para la vergüenza”.
SEGURIDAD PÚBLICA
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del actual sexenio la incidencia delictiva ha crecido 320 % en el Estado; y, desde su visión en la perspectiva de inseguridad en la entidad, pronosticó que conforme al tiempo que se lleva y “al ritmo que llevamos, a finales 2017 se registrarán 6 mil robos a establecimientos mercantiles”.
Desde su óptica, “casi nueve de cada diez guanajuatenses estiman que en nuestra entidad no se tiene confianza en el Ministerio Público, pues según los registros del Observatorio Ciudadano de León, sólo 10 de cada 100 delitos se denuncian”, y precisó que esa circunstancia nos coloca en el lugar número 31, de un total de 32, en cifra negra”.
Así, sostuvo que “de igual manera, las mujeres se sienten acosadas, desprotegidas y amenazadas, lo cual es lógico, si se tiene en cuenta que acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016, en nuestra entidad se cometió más de un feminicidio cada semana”.
Refirió que conforme a los registros de Coneval, el estado ocupa el nada honroso noveno lugar en población ubicada en situación de pobreza extrema, y el número 13 donde los salarios son más bajos, Santiago García enfatizó que “la percepción altamente generalizada es que vamos mal”, y luego dijo:
“Que no se están haciendo bien las cosas, que estamos inseguros, que trabajamos mucho y ganamos poco, y a pesar de las consagraciones, el gobierno del Estado es corrupto”.
Reafirmó el priísta que la consulta popular contempló aplicar 8 mil entrevistas para conocer de viva voz de los guanajuatenses “cómo perciben que está haciendo las cosas el gobierno estatal, qué rubros de la administración van mal y dónde se tiene que corregir el rumbo” y, a partir de ello, “integrar una visión general y ordenada de la manera cómo debe funcionar el gobierno, en atención a las necesidades sentidas por la gente de a pie”.
