La activista Elizabeth Chacón, presidenta de la Unión de Rescatistas Independientes (URI), urgió a la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo a responder con acciones concretas al pliego petitorio del colectivo animalista, que demanda medidas firmes para sancionar el maltrato y la crueldad hacia los animales en Guanajuato.
Chacón recordó que el pasado 5 de mayo entregaron un documento dirigido a la mandataria estatal, con el fin de exponer las problemáticas que enfrentan los rescatistas en cada municipio y solicitar su intervención.
“Ese escrito se le hizo llegar amparándonos en nuestro derecho como ciudadanos a ser escuchados, pero no nos contestó ni nos ha querido recibir”, señaló.
Agregó que otras representantes del colectivo en distintos municipios también entregaron el mismo documento, sin obtener respuesta.
“Ya nos dijeron que no estamos en su agenda, y eso nos llevó a tomar la decisión de realizar esta rueda de prensa para hacernos escuchar y decirle, con todo respeto, que no nos vamos a detener”, expresó.
Por su parte, Argelia Ramírez Villafaña, abogada del colectivo, denunció la falta de atención de las autoridades ante los casos de maltrato animal y lamentó que Guanajuato siga ocupando los primeros lugares a nivel nacional en este tipo de violencia.
“La crueldad animal en todas sus formas, desde la negligencia hasta la violencia más sádica, es una sombra que avergüenza a nuestro estado. La muerte infligida sin necesidad, por conveniencia, por entretenimiento o por simple desinterés, es una falta a nuestra brújula moral”, declaró.
Ramírez cuestionó además el incumplimiento del foro animalista que la propia gobernadora anunció hace meses y que nunca se realizó.
“Ya no nos interesa que se lleve a cabo, porque usted sabe perfectamente lo que necesita Guanajuato para dejar de ser el segundo lugar en maltrato a nivel nacional y el tercero en maltrato sádico y cruel”, afirmó.
Entre las demandas del colectivo destacan la creación de una agencia especializada en maltrato animal, la inclusión de un capítulo exclusivo sobre este delito en el Código Penal, el aumento de sanciones y penas, la creación de un registro estatal de maltratadores, y la armonización de la Constitución local para reconocer la sintiencia animal. También solicitan incorporar la figura del “perro comunitario”, con derechos y responsabilidades definidos para rescatistas y autoridades.
Señalaron que en los últimos meses han aumentado los casos de envenenamiento en perritos en situación de calle, y que cada vez escala la crueldad con que les quitan la vida, pues pasaron de usar químicos a usar vidrios o navajas lo que genera que el sufrimiento se prolongue.
De acuerdo con la URI, en lo que va de 2025 se han registrado más de mil animales envenenados, muchos de ellos en situación de calle. Entre los casos más recientes destacan envenenamientos colectivos en Salvatierra, Salamanca y San Felipe, así como episodios de violencia extrema contra cachorros cometidos por menores de edad en contextos familiares violentos.
Añadieron que en municipios como Abasolo, Salvatierra y San Miguel de Allende, los animales continúan siendo sacrificados de manera violenta e irregular, mientras que las autoridades locales muestran indiferencia.
“Hacemos un llamado a los legisladores a unirse con la sociedad, a abrir mesas de trabajo y diálogo, porque somos quienes verdaderamente conocemos la realidad en la calle. Las iniciativas deben surgir de ahí, no al vapor desde el escritorio”, enfatizó.
