El Congreso de Guanajuato aprobó por unanimidad de votos, reformas a la Ley de Educación para establecer un marco normativo que regule el uso responsable de dispositivos tecnológicos en las escuelas.
Esta nueva legislación mandata a la Secretaría de Educación estatal a emitir disposiciones específicas para regular el uso de celulares y tabletas en las aulas, con el fin de evitar que estos aparatos interfieran en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
La reforma no contempla una prohibición absoluta, sino que busca garantizar que la tecnología se aproveche de manera segura y responsable, permitiendo su uso exclusivamente con fines pedagógicos durante el horario de clases, se refiere en la iniciativa aprobada este jueves.
La diputada Martha Edith Moreno Valencia (Morena) explicó que existía plena conciencia de que prohibir los dispositivos no representaba una alternativa viable.
Por ello, destacó que la nueva normativa consiste en una regulación enfocada en asegurar que los alumnos logren un aprovechamiento óptimo dentro de los salones de clase. Esta postura se consolidó tras agotar un proceso de consulta que integró las voces de especialistas, maestros y familias a través de diversos foros.
«Si trabajamos en conjunto las instituciones educativas, el gobierno, la sociedad y padres de familia podemos lograr que el teléfono sea una herramienta pedagógica que pueda ayudarnos a avanzar», indicó.
El dictamen incorpora formalmente el concepto de «entorno escolar», definiéndolo como las instalaciones delimitadas por el perímetro del centro educativo y los espacios de interacción bajo supervisión docente, con el objetivo de dar certeza jurídica para aplicar estas reglas.
Por su parte, el legislador Víctor Manuel Zanella Huerta (PAN) calificó esta decisión como histórica para proteger a la infancia de distracciones y problemas de convivencia derivados del uso de dispositivos sin reglas homogéneas.
El legislador señaló que los maestros solicitaron de manera puntual que se detuviera el aumento de tareas administrativas y responsabilidades sin el debido acompañamiento.
En su lugar, demandaron el establecimiento de normas precisas que brinden orden en los planteles. Asimismo, aclaró que la responsabilidad de generar los lineamientos administrativos recaerá directamente en la autoridad educativa y no en los profesores.
La Secretaría de Educación de Guanajuato dispone de un plazo de 180 días para emitir la normativa respectiva, la cual deberá ajustarse a los diferentes niveles educativos, reconociendo así las distintas necesidades entre primaria, secundaria y nivel medio superior.
Con esta decisión, Guanajuato se suma a la tendencia nacional de regulación digital en las aulas, siguiendo los pasos de entidades como Michoacán, Tamaulipas y Querétaro, que recientemente han implementado restricciones para mejorar el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes.
