Las cifras de incidencia delictiva que presentó la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, y la exigencia de que se informe con puntualidad a la sociedad, tiene su correlato en la política de autoridades estatales y municipales de informar poco y con imprecisión, y la tendencia a reducir su comunicación social a la difusión de comunicados con temas que les interesa difundir.
Particularmente en el caso de homicidios dolosos, un tema especialmente sensible para el estado y para León, la comunicación oficial ha evolucionado en el último año al otorgamiento del mínimo posible de datos sobre hechos criminales.
La Fiscalía General del Estado, encargada de la persecución del delito, eliminó la atención cotidiana a medios de comunicación y redujo su comunicación al otorgamiento de información sobre hechos criminales comunicados breves, imprecisos y con poca oportunidad de hacer precisiones.
La estadística de incidencia delictiva solo puede conocerla la sociedad si consulta la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Una estadística que solo recibe una actualización mensual.
A nivel municipal concurren otros situaciones que reclaman información y quedan en el silencio: detenciones y exhibición de datos de personas cuyo destino luego ninguna autoridad aclara, ni el municipio ni el estado.
Anuncia de cientos de detenidos por delitos, que no se reflejan en proceso penales, en salidas alternativas del proceso penal o en resoluciones ministeriales que se den a conocer.
Ya señalamientos como estos se los hizo incluso a las autoridades, un miembros de la Mesa de Seguridad Pública en León, José Arturo Sánchez Castellanos, dirigente empresarial.
La propuesta de la presidenta del Observatorio Ciudadano de León, de que las autoridades informen semana con semana sobre la seguridad pública, es oportuna y debería ser atendible para las autoridades.
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