Juan Martín Pérez, vocero de la Asociación Tejiendo Redes por la Infancia, compartió que, tras el asesinato de una menor, en San Miguel de Allende, en medio de un enfrentamiento entre ministeriales y guardias de seguridad, grupos activistas y la sociedad guanajuatense en general, se muestran indignados y exigen una investigación transparente del caso.
Dijo que este crimen no puede ser minimizado ni tratado solo como un caso de violencia armada.
“La respuesta de la autoridad siempre tiene que ser proporcional, no puede ir más allá de las circunstancias”, recalcó Martín Pérez, quien enfatizó la necesidad de esclarecer si el uso de armas fue justificado, dentro del marco legal.
Advirtió acerca del riesgo de que la muerte de la menor sea invisibilizada en el proceso judicial.
“Aquí corremos el riesgo de que esto se vea solo como un tema de crimen y que escuchemos lo famoso de ‘víctima colateral’”, subrayó.
Él mismo instó a que la Fiscalía aborde el caso con un enfoque de derechos de la infancia y destacó la necesidad de una investigación rigurosa.
“Si no se cuidó la cadena de custodia, la trayectoria de la bala y otras pruebas periciales, corremos el riesgo de que las pruebas sean inválidas”, detalló.
Urgió al nuevo fiscal del estado a reconocer las fallas en la procuración de justicia en Guanajuato y a tomar medidas concretas para que casos como éste no se vuelvan a repetir.
“El nuevo fiscal debe partir de un reconocimiento autocrítico y no suponer que todo ha estado bien, pues ya no hay perspectiva, no sólo para la infancia, sino para nada en el estado”, argumentó.
