Ante la presunta negativa de acceso a la justicia por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la familia Pérez Almanza solicitará que el caso del feminicidio de su hija, una niña de ocho años ocurrido en San Miguel de Allende, sea atraído por la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con el abogado Pablo González Sierra, quien acompaña el caso, el 11 de marzo de 2025 policías de la Fiscalía estatal, presuntamente armados con armas de alto calibre, dispararon contra el vehículo en el que viajaba la menor, provocando su muerte. Asimismo, señaló que el padre de la niña, Alan, habría sido víctima de tortura.
La agresión ocurrió durante un operativo de detención derivado de un conflicto familiar, el cual terminó en un enfrentamiento entre agentes de Investigación Criminal (AIC) y el empresario Alan “N”, quien viajaba acompañado de sus escoltas y sus hijas. Los hechos se registraron alrededor de las 7:15 de la mañana en la glorieta del fraccionamiento Las Ventanas, cerca del libramiento José Manuel Zavala.
Hasta el momento, indicó que los ocho policías de la Fiscalía del Estado que presuntamente participaron en los hechos no se encuentran detenidos y continúan laborando en la institución.
“Siguen trabajando en la Fiscalía y, aunque existe una carpeta de investigación por la muerte de la niña y la tortura de su padre, hay meses de inactividad en las investigaciones por parte del Ministerio Público”, afirmó.
El abogado señaló que desde junio de 2025 la familia solicitó una reunión con el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, para exponer las presuntas omisiones, negligencias y acciones que consideran constituyen impunidad por parte del Ministerio Público; sin embargo, aseguró que hasta ahora no han sido recibidos.
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) inició el mismo 11 de marzo de 2025 una investigación bajo el número de expediente 732-2025. Según González Sierra, en dicha investigación se determinó la existencia de responsabilidad por parte de elementos policiales de la Fiscalía estatal por violaciones a derechos humanos ocurridas tanto en la carretera donde falleció la menor como en el Hospital Joya, donde presuntamente fue torturado el padre.
El abogado explicó que la recomendación emitida por la PRODHEG fue rechazada por la Fiscalía del Estado y consideró que el documento no contempla todos los hechos ocurridos.
Añadió que, de acuerdo con la recomendación, no se tomó en cuenta que los agentes de Investigación Criminal habrían utilizado fuerza letal y desproporcionada, ya que mientras los vehículos oficiales registraron dos impactos de bala, los agentes realizaron 39 disparos, de los cuales 26 impactaron la camioneta en la que viajaban las víctimas. También señaló que la resolución no considera a otra menor de edad ni al conductor que se encontraban en el vehículo, ni se pronuncia sobre la presunta tortura.
El abogado afirmó que existe una negativa de justicia por parte de la Fiscalía General del Estado, pues los agentes presuntamente implicados se han negado a declarar, por lo que hizo un llamado para que el caso sea atraído por la Federación.
“La última ocasión fue en enero; no quieren declarar. Hay una negación de justicia por parte de la Fiscalía General del Estado. Queremos justicia para Alana y para su familia”, expresó.
