Diputados locales exigieron una pronta reparación del daño y una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias, luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) resolviera el “uso excesivo de la fuerza”, en el caso de la muerte del migrante, Leonardo Reyes Cayente.
Para los legisladores, la recomendación de la instancia estatal que tutela y protege los Derechos Humanos de las personas debe de ser tomada en cuenta por las autoridades estatales y con ello iniciar un proceso para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar al interior de los cuerpos de seguridad del estado.
La diputada, Laura Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión de Justicia, consideró que debe implementarse una investigación a fondo, la cual permita conocer con la veracidad necesaria que fue lo que realmente ocurrió.
Fue el pasado martes, que la PDHEG emitió una recomendación por el “uso excesivo de la fuerza” de parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), durante el arresto del joven originario de San Miguel de Allende, en la que se incluye a la Fiscalía General del Estado, por violaciones al derecho a la justicia de los familiares de la víctima.
El pasado mes de diciembre, el joven que estaba de visita en su comunidad fue arrestado con lujo de violencia por los elementos de las FSPE, quienes le habrían provocado la muerte.
La legisladora consideró que este tipo de situaciones no deberían ni siquiera ocurrir y apuntó que es necesario se concluya la investigación para conocer que lo que realmente ocurrió, pues se habla de la pérdida de la vida de una persona.
Por su parte, la diputada Lorena Alfaro García lamentó los hechos y señaló que las recomendaciones emitidas por la PDHEG, sin que importe a quien van dirigidas se tienen que acatar por completo.
“Las recomendaciones de Derechos Humanos deben de acatarse y en este caso no puede ser distinto”, afirmó al tiempo de recordar que es necesario reparar el daño a los familiares de Reyes Cayente.
Alfaro García expresó que también hace falta mayor información para conocer a fondo los acontecimientos y con base en ello, aplicar los procesos jurídicos necesarios para que situaciones de esta índole no se vuelvan a repetir.
En tanto, el diputado Ernesto Prieto Gallardo cuestionó el papel que han adoptado autoridades estatales en este caso, especialmente las de la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Desde su punto de vista, en este caso, aún prevalece la confusión, lo que hace necesario una mejor indagatoria, pues de inicio autoridades estatales de seguridad aseguraron que los hechos no ocurrieron de la manera que se dio a conocer y más adelante aceptaron las conclusiones a las que se llegó.
“Primero las autoridades de seguridad nos dicen que los hechos no ocurrieron así y luego que siempre sí. Solo generan confusión por su forma de querer ocular las cosas”, aseguró.
Prieto Gallardo hizo un llamado a las autoridades correspondientes para atender a los familiares de la persona que fue privada de su existencia, a quienes al parecer no se les ha dado respaldo ni acompañamiento.
