La Confederación Patronal de México exigió al Gobierno federal que se respete la libre empresa y se permita la exportación de gasolina del extranjero.

Lo anterior destacó el presidente de la Coparmex en León, Héctor Rodríguez, quien lamentó que la modificación a las reglas generales del comercio exterior, otorgue beneficios exclusivos a las empresas productivas del estado en detrimentos del sector privado y viola los principios constitucionales.

Señaló que dicha medida representa un impacto negativo para los consumidores y empresarios que se abastecen a través de proveedores extranjeros, diferentes a Petróleos Mexicanos.

“Esta modificación representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación”, dijo el empresario leonés.

La Coparmex analizó que las modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 11 de junio, violan los principios constitucionales que protegen la igualdad entre ciudadanos, la libre concurrencia y la libre empresa.

“En Coparmex advertimos que esta reforma limitará el acceso de las empresas privadas y otorgará un beneficio exclusivo e indebido a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a otras empresas, pues serán los únicos que podrán importar y exportar”.

Explicó que esta disposición viola el principio de igualdad que debe regir entre las empresas participantes del sector energético, pues generará un impacto negativo en el suministro del combustible a los usuarios y usuarios finales que se abastecen a través de proveedores distintos a los que administra el Estado (Pemex).

“Consideramos que con esta acción, la autoridad restringe la operación de las terminales marítimas privadas de almacenamiento de petrolíferos y limita a las empresas privadas que importan combustibles de opciones de almacenamiento, la posibilidad de contar con puntos de internación y la diversidad de suministro para los usuarios finales, afectando la seguridad energética del país”.

Reiteró que la nueva disposición representa una violación a la jerarquía normativa, puesto que restringe lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de la Ley Aduanera en la que se establecen los requisitos para obtener la autorización o prórroga de la LDA, cambia intempestivamente las condiciones bajo las cuales operan distintos permisionarios y vuelve inviables proyectos de la iniciativa privada.

“Además, genera desigualdad, atenta contra la libre competencia, afecta la capacidad de las empresas y consumidores de acceder a fuentes de energía suficientes a costos competitivos y volverá inoperantes terminales marítimas de importación privada, en Coparmex consideramos que esta modificación representa un daño a las inversiones comprometidas en el país, a la generación de empleo y merma la recaudación”, concluyó.

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