Al no contar con un estudio sobre el impacto financiero que tendrá para las finanzas públicas estatales, las pensiones a las que tienen derecho las personas juzgadoras, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado acordó aplazar la aprobación de la reforma al Poder Judicial del Estado.
La propuesta para aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fue presentada por la diputada, Susana Bermúdez Cano, quien en su intervención dejo en claro que no se cuenta con una estimación concreta del gasto que representan las prestaciones de los jueces y magistrados.
La legisladora propuso que, en un plazo de una semana, la Unidad de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado presente un estudio que permita conocer el costo financiero que tendrá el derecho laboral de estos empleados del Judicial.
Recordó que se trata de un derecho al que tienen estas personas y como tal se tiene que cumplir, por lo que se debe garantizar que se cuenta con la solvencia económica necesaria para que se cumpla con esa parte.
Mientras, que el presidente de la Comisión, Carlos Abraham Ramos Sotomayor explicó que este acuerdo va a permitir que la reforma que se propone la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado sea más completa.
Señaló que, aunque la aprobación se aplaza por espacio de una semana, las y los diputados integrantes de este grupo de trabajo disponen del tiempo necesario para cumplir con aprobar la reforma, que debe estar lista antes del 30 de mayo.
“Se aplazó una semana más la aprobación. Hace falta más estudio de la unidad de las finanzas. Creo que no podemos seguir avanzando, si no tenemos un acuerdo definido sobre cuánto nos va a costar esta nueva Ley Orgánica para las pensiones compensatorias”, dijo.
Precisó que además hay que tener en cuenta que las citadas prestaciones laborales serán para las personas que sean electas como parte de las nuevas reglas que regirán en el Poder Judicial del Estado.
Ramos Sotomayor apuntó que, de cualquier manera, la propuesta para reformar la norma citada lleva un buen avance y hay las condiciones para que se cumpla en tiempo y forma.
Otra de las partes que integran la iniciativa para la modificación de referencia contempla el funcionamiento de la Dirección General de Actuarios, la cual por igual deberá estar listo antes del 30 de junio.
“Estamos en buen plazo y creemos que si no hay un tema financiero bien definido no podemos aprobarlo porque en cierto momento pudiera contrapuntearnos”, afirmó.
