En Guanajuato, exigir la pensión alimenticia para los hijos puede convertirse en un proceso costoso y desgastante para muchas mujeres. De acuerdo con Alejandra Aguilera, integrante de Ley Sabina en el estado, iniciar un juicio para obtener este derecho puede costar alrededor de 30 mil pesos, una cantidad que muchas madres no pueden pagar.
Aunque la violencia psicológica, emocional y física contra las mujeres suele ser visibilizada, existe otra que con frecuencia pasa desapercibida: la violencia económica que enfrentan las madres autónomas, la cual además suele estar acompañada de violencia vicaria, de la que poco se habla.
“La violencia económica en cuanto a deudores alimentarios está súper normalizada, invisibilizada y minimizada, incluso dentro de la lucha feminista”, explicó Aguilera.
Señaló que fue Diana Luz Vázquez, impulsora nacional de la Ley Sabina, quien ayudó a visibilizar esta problemática y a impulsar el uso del término “mamás autónomas” en lugar de “mamás solteras”, una denominación que busca dignificar a las mujeres que crían a sus hijos sin el apoyo del padre.
Aguilera explicó que durante años se ha normalizado responsabilizar a las mujeres por el abandono de sus parejas, con comentarios que señalan que “eligieron mal” al padre de sus hijos, lo que termina justificando el incumplimiento de la pensión.
“Entonces es violencia emocional del entorno, violencia económica y también violencia estructural y sistemática, porque es súper difícil hacer una demanda y además es muy caro”, señaló.
Ante esta situación, para muchos deudores alimentarios resulta sencillo evadir sus responsabilidades, ya que para las mujeres suele ser complicado costear una demanda y, además, los procesos judiciales pueden ser lentos.
“La gente generalmente te dice: ‘no le ruegues, déjalo así, no estés limosneando, tú puedes sola’. Sí, se puede sola, pero no tenemos por qué hacerlo solas, porque esa revictimización disfrazada de orgullo es lo que tenemos que visibilizar”, afirmó.
Esta violencia económica también puede derivar en violencia vicaria, cuando los deudores utilizan a los hijos para afectar a las madres, ya sea buscando la custodia o influyendo en los menores para generar conflictos.
De acuerdo con Aguilera, Guanajuato cerró 2025 en primer lugar a nivel nacional en denuncias por pensión alimenticia.
Juicios que muchas no pueden costear
El costo aproximado de un proceso legal para fijar una pensión alimenticia puede rondar los 30 mil pesos, aunque esto tampoco garantiza que las madres obtengan una pensión suficiente para cubrir las necesidades de los menores.
“Todavía el sistema está muy hecho a que, si fulanito gana dos pesos, solamente te puede dar 50 centavos, sin verificar el interés superior de la niñez. Entonces si el niño gasta cinco pesos, nosotras tenemos que conseguir los otros 4.50”, explicó.
Actualmente, desde Ley Sabina Guanajuato acompañan al menos a cinco mujeres en procesos legales. Sin embargo, muchas otras no pueden iniciar una demanda debido a la falta de recursos.
“Todas las demás no tienen demanda justamente porque no tienen dinero. Los abogados de oficio son muy victimizantes y tardados, y muchas no pueden pagar un juicio”, comentó.
Ante esta situación, el colectivo ha buscado apoyo de abogados que trabajan pro bono, quienes cobran una vez que se logra obtener la pensión.
“Es la manera en la que las mamás autónomas pueden recibir un poco de justicia, porque el propio deudor termina pagando el proceso”, explicó.
Incluso cuando se logra una resolución favorable, las pensiones suelen ser bajas. En promedio, los deudores entregan entre 300 y 500 pesos a la semana, montos que resultan insuficientes para cubrir los gastos de los menores.
Además, las pensiones suelen fijarse con base en el ingreso declarado por el deudor, el cual en ocasiones es menor al que realmente percibe.
“Es un ganar, pero amargo, porque muchas veces sabemos que el deudor gana más de lo que declara”, señaló.
A las dificultades económicas se suman las fallas del sistema judicial. En algunos casos, los procesos se retrasan porque no se logra notificar al deudor, lo que impide que el juicio avance.
También existen casos en los que los deudores evitan pruebas de ADN o no acuden a audiencias, lo que prolonga aún más los procedimientos.
Aguilera explicó que, aunque algunos procesos pueden resolverse en pocos meses, muchos otros se prolongan debido a incidencias, retrasos en notificaciones o desacuerdos en mediaciones previas al juicio.
Además, las madres enfrentan un fuerte desgaste emocional al tener que enfrentar en audiencias a sus agresores, quienes en muchos casos ya ejercieron violencia previa.
Ante este panorama, Aguilera señaló que lo más urgente es garantizar acceso real a la justicia para todas las mujeres, además de agilizar los procesos judiciales y evitar la revictimización.
También consideró necesario mejorar los mecanismos de notificación y establecer sanciones para empleadores que encubran a deudores alimentarios.
Propuso que el cálculo de las pensiones no se base únicamente en el ingreso del padre, sino también en las necesidades reales de los menores.
Señaló que, aunque el registro de deudores alimentarios representa un avance legal, en la práctica sigue siendo complicado inscribir a los responsables en el padrón.
“Si meterlos al padrón es un calvario, entonces de poco sirve que se establezcan sanciones como impedir que se casen o que obtengan una licencia de manejo”, criticó.
