Durante el actual sexenio, la Secretaría de la Honestidad de Guanajuato ha turnado al Tribunal de Justicia Administrativa 122 expedientes por presuntas faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos, de los cuales 15 ya derivaron en sanciones formales.
De acuerdo con información de la propia dependencia, entre los casos ya resueltos por el tribunal se contabilizan 11 inhabilitaciones, una suspensión, una amonestación privada y dos sanciones económicas. Los expedientes corresponden a irregularidades detectadas tanto en auditorías como en denuncias ciudadanas.
Tan solo en 2025, la Secretaría inició 296 auditorías: 242 de tipo gubernamental y 54 relacionadas con obra pública. Para este 2026, la meta es superar las 350 auditorías, lo que representaría un incremento cercano al 15 por ciento respecto al año anterior.
Además de los casos considerados graves, la dependencia también ha aplicado sanciones directas en otros 20 procedimientos por faltas administrativas no graves. En estos se dictaron ocho inhabilitaciones, seis suspensiones y seis amonestaciones.
Uno de los principales focos de vigilancia ha sido la obra pública. A través de los Comités de Contraloría Social, la Secretaría supervisó el ejercicio de más de 3 mil millones de pesos en mil 17 proyectos de infraestructura en todo el estado. Para este año, el objetivo es revisar al menos dos de cada tres pesos invertidos en este rubro.
Paralelamente, se trabaja en la actualización del Reglamento de Procedimientos de Auditoría, vigente sin cambios desde 2007, así como en la reorganización y fortalecimiento de los 39 órganos internos de control del Gobierno del Estado, con la intención de reforzar los mecanismos de detección y prevención de irregularidades.
Aunque las sanciones ya impuestas muestran avances en materia de fiscalización, la dependencia reconoce que el reto sigue siendo prevenir que las irregularidades ocurran, más allá de corregirlas una vez detectadas.
