La decisión del Gobierno de Guanajuato de mantener en operación el Bachillerato Bivalente Militarizado, pese a la postura de la Secretaría de Educación Pública (SEP), vulnera el marco legal que protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, afirmó Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
Explicó que México ha fortalecido durante las últimas décadas su marco jurídico en materia de derechos de la infancia, por lo que consideró que un modelo de educación militarizada es incompatible con la legislación vigente.
«Desde hace 37 años con la Convención sobre los Derechos del Niño y desde 2014 con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se ha construido un marco que establece que la educación debe estar basada en los derechos humanos, en una vida libre de violencia y con medidas específicas contra el acoso, la violencia y los tratos crueles e inhumanos. Las escuelas militares son eso», afirmó.
Pérez García destacó que incluso la Secretaría de la Defensa Nacional dejó claro recientemente que el uso de uniformes, insignias y grados militares corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas.
«Usar uniformes, insignias y cargos es ilegal; eso solo corresponde a las Fuerzas Armadas. La educación militarizada es una carrera profesional, todo lo demás no está dentro del marco de la educación y no puede tener reconocimiento de validez oficial», sostuvo.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia advirtió que este tipo de modelos educativos también representan un riesgo para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes al fomentar formas de disciplina incompatibles con los derechos humanos.
En ese sentido agregó que Guanajuato está obligado a cancelar el registro de estos planteles antes del inicio del próximo ciclo escolar ya que la entidad no puede quedarse al margen de la legislación federal.
«Es explícito el señalamiento de que nada que diga militar ni tenga que ver con lo militar puede estar en sintonía con la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Usar uniformes, insignias y cargos es ilegal, está fuera de la norma y no puede operar», enfatizó.
Consideró que retirar únicamente la denominación de «militarizado» no resuelve el problema de fondo.
