Fabricantes y comerciantes de calzado de San Francisco del Rincón solicitaron el cese de la persecución penal por la producción de calzado apócrifo y, en su lugar, propusieron la creación de un marco regulatorio para su actividad.
La petición fue presentada durante una reunión con el Fiscal Federal en Guanajuato, Ignacio Alejandro Vila Chávez, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la sede León, en la colonia Ciudad Industrial.
La abogada representante del gremio, Isabel Sotelo, argumentó que la fabricación informal de calzado debe ser tratada como una práctica cultural y económica en vías de regulación, y no como una amenaza penal.
«Lo prohibido se vuelve deseable, lo regulado consolable, pero solo lo contenido puede envolverse justo», afirmó Sotelo.
En defensa de los productores, la abogada enfatizó la distinción entre los zapateros y los grupos delictivos.
“Los fabricantes de San Francisco no pertenecen al crimen organizado, no son delincuentes; al contrario, son gente que produce y que da alimento y sustento a muchísimas familias”, declaró.
Por su parte, los fabricantes manifestaron sentirse perseguidos y señalaron una aparente inconsistencia en la aplicación de la ley, comparando su situación con la importación de calzado chino, que, según afirmaron, introduce productos apócrifos al país sin enfrentar las mismas consecuencias legales.
Rogelio Rangel, representante de los zapateros, afirmó que el siguiente paso será buscar un acercamiento con legisladores para formalizar su propuesta.
«Vamos a tener un acercamiento con algunos diputados para poder hacer de esto una iniciativa que se pueda implementar y en algún momento pudiera ser votada», puntualizó
El representante describió la angustia que viven los empresarios del sector y realizó un llamado a los medios de comunicación y la opinión pública para no confundir su actividad con la delincuencia organizada, subrayando que son una fuente fundamental de empleo para la región, incluyendo municipios como Purísima del Rincón, Manuel Doblado y localidades de Jalisco.
“Les comento a todos los medios que son, que digan la verdad, porque hay medios que nos han dicho que somos crimen organizado o demás, la verdad no nos confundan, somos empresarios, emprendedores, fabricantes, distribuidores y de todo lo que conlleva la rama del calzado, por favor no nos confundan, no tenemos nada que ver”, especificó Rangel.
El conflicto se intensificó tras un operativo reciente en el que, según estimaciones de Rogelio, se decomisaron aproximadamente 40 mil pares de calzado con un valor cercano a los 8 millones de pesos.
«La problemática como tal es que están atacando distribuidores, los distribuidores afectan a los fabricantes, los fabricantes afectan a sus trabajadores, y los trabajadores afectan a su familia», detalló sobre el impacto económico en cadena.
Aunque los operativos se detuvieron la semana pasada, los productores aseguran que se mantienen en estado de alerta.
“No hay operativos, el último fue la semana pasada, de ahí lo que ha llegado son muchas alertas, van por dos domicilios más. Han sido tres puntos de cateo, en este último cateo (sobre el bulevar Guadalupe Victoria y la colonia Santa Rita) regresaron”, puntualizó Rogelio.
El gremio buscará ahora, conseguir un diálogo con autoridades tanto de nivel estatal y federal para encontrar una solución definitiva a la problemática.
