
Según el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, nuestra entidad crea precedente al reconocer en nuestra Constitución a las madres buscadoras como defensoras de los derechos humanos.
«Guanajuato es el primer estado del país en reconocer constitucionalmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos», reiteró Jiménez Lona.
Destacó que esta declaratoria, que fue impulsada por una iniciativa de la gobernadora del estado, Libia García Muñoz Ledo y aprobada por el Congreso local y los municipios, «eleva al máximo nivel jurídico la protección hacia las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos».
Recalcó que somos el primer estado que reconoce en su Constitución a las madres buscadoras como defensoras de los derechos humanos y esto pues les da la máxima protección a las familiares de personas desaparecidas, que no han cejado en el intento de encontrar a sus seres queridos y buscar que regresen al seno familiar.
Dijo que esto no solo representa obligaciones en materia de seguridad, sino que también insta a cualquier autoridad a darle atención y servicio, no solo en el tema de seguridad.
«Muchas veces nos han hablado de la necesidad de atención médica, salud, educación», acotó el secretario.
Manifestó que el diálogo directo y permanente, tanto de la gobernadora como de la Secretaría de Gobierno con los colectivos fluye.
Además, aseguró que el nuevo comisionado de víctimas ya fue instruido para brindar acompañamiento sensible y cercano a los activistas.
“Vamos a seguir por la ruta de la cercanía; del diálogo directo, atendiendo los protocolos con los que contamos”, aseguró.
En el tema de la propuesta previa de reformas a la Ley de Búsqueda, corroboró que el proyecto no quedó detenido tras el cambio en la Comisión de Víctimas.
“Inclusive debo anunciarles que ya se hizo la declaratoria en nuestra Constitución del Estado”, indicó. Insistió en que el reconocimiento es formal y está en vigor.
«Con esta modificación constitucional, Guanajuato se coloca como pionero nacional en otorgar este estatus a las buscadoras, un paso que marca una obligación reforzada de protección integral para quienes enfrentan riesgos derivados de su labor humanitaria», enfatizó.