A través del programa “Atención a Migrantes y sus Familias” y con una inversión cercana a los 172 mil pesos, el Gobierno del estado entregó apoyos económicos a familias de migrantes guanajuatenses para cubrir gastos de traslado de restos mortales y atender necesidades derivadas de procesos de deportación, como parte de una estrategia orientada a garantizar condiciones dignas y el respeto a los derechos humanos.
En total, se benefició a 14 personas a través del programa con esta estrategia destinada principalmente al traslado de restos de cuatro connacionales fallecidos en Estados Unidos. De manera adicional, se otorgaron apoyos por 18 mil 700 pesos a 10 personas en situación de deportación, con el objetivo de facilitar su retorno y cubrir gastos inmediatos.
Durante el acto, la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza Frausto, subrayó la relevancia de estas acciones frente a contextos de vulnerabilidad que enfrentan las familias migrantes.
“La gobernadora Libia Dennise García reconoce el dolor profundo y las circunstancias de alta vulnerabilidad que enfrentan las familias de nuestras personas migrantes. Estos apoyos representan una expresión concreta del acompañamiento institucional y de la solidaridad, que no deja solas a las familias en momentos difíciles”, señaló.
Los apoyos de repatriación beneficiaron a familias originarias de municipios como Guanajuato, Villagrán, Ocampo, Juventino Rosas y San Luis de la Paz, donde la migración forma parte de la dinámica social. Este respaldo permite a los familiares realizar procesos funerarios en condiciones dignas, reduciendo el impacto económico y emocional que implica la pérdida de un ser querido en el extranjero.
En el caso de las personas deportadas, el recurso otorgado busca cubrir gastos de traslado y facilitar su reintegración en sus comunidades de origen, en un contexto que suele implicar incertidumbre y limitaciones económicas.
La dependencia estatal destacó que la migración es un fenómeno complejo que requiere atención integral, por lo que estas acciones no se limitan al apoyo económico, sino que forman parte de una política que busca garantizar derechos fundamentales como la identidad, la unidad familiar y el acceso a condiciones de vida dignas.
