La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen que endurece y agrava las sanciones a quien ejerza violencia familiar y así evitar abusos, agresiones físicas, psicológicas, económicas o sexuales contra mujeres y menores de edad.
El documento aprobado tiene como sustento la iniciativa de Ley que turnó la Gobernadora del Estado, Libia Denisse García para modificar normas vigentes en el estado de Guanajuato y agravar las penas y sanciones contra quien ejerza violencia contra la familia.
La propuesta de la titular de la Poder Ejecutivo Estatal contempla incrementar de 2 a 9 años de prisión, así como de 20 a 90 días de multa para quien realice conductas que van desde la violencia física, psicológica, económica y abusos de tipo sexual, contra mujeres y menores de edad.
La persecución del delito deberá ser de oficio y con ello asegurar la intervención inmediata de las autoridades y de esa manera evitar que siga dañando a las víctimas.
Cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, personas adultas mayores y con alguna discapacidad y existan, de por medio agresiones físicas las sanciones se incrementan de 3 a 12 años de prisión y multa económica de hasta 130 días.
Al fijar su postura a favor del dictamen aprobado, la diputada, Jared González Márquez explicó que los cambios que se pretenden son una respuesta ante una dolorosa situación, que afecta a miles de madres de familia.
Consideró que la violencia familiar no es algo que deba normalizarse, sino que es un abuso que se debe erradicar y evitar daños físicos y de tipo psicológico, económico y sexuales.
“El Estado tiene la responsabilidad de actuar para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar. No podemos permitir que los agresores sigan reincidiendo y dañando a las víctimas”, dijo la legisladora.
Por su parte, la diputada Susana Bermúdez Cano señaló que la violencia en las familias debe ser atendida de manera inmediata por las autoridades y por eso la decisión que cuando ocurra se persiga de oficio.
La Comisión de Justicia también dio seguimiento a la iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Guanajuato, en materia de cobranza extrajudicial ilícita que establece como agravante, al intervención y participación de funcionarios públicos.
