La sentencia de 113 años de prisión impuesta a Christian «N» por el homicidio y agresión sexual de Mateo representa un caso excepcional en México, donde entre el 95 y el 97 por ciento de las investigaciones por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes permanecen en la impunidad, señaló Juan Martín Pérez García, coordinador de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
En entrevista, explicó que la condena refleja tanto una adecuada valoración por parte del Poder Judicial como una carpeta de investigación correctamente integrada, situación que, afirmó, no suele ocurrir en la mayoría de los casos.
«El principal problema que tenemos es que muchas carpetas de investigación se caen porque la fiscalía no hace su trabajo o lo hace mal», señaló.
García advirtió que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes registra niveles alarmantes de impunidad en el país, ya que entre el 95 y el 97 por ciento de las carpetas de investigación no concluyen con una sanción. A ello se suma una cifra negra, debido a que gran parte de las agresiones nunca son denunciadas.
Como ejemplo, citó un estudio reciente de UNICEF sobre violencia sexual el cual revela que únicamente el uno por ciento de las víctimas presenta una denuncia formal.
Además, muchas de las personas que denuncian enfrentan procesos de revictimización por parte de las instituciones.
Otro dato relevante del estudio es que el 64 por ciento de los agresores conocían previamente a sus víctimas.
«Nos vuelve a mostrar que los agresores sexuales no son personas desconocidas de la calle, sino hombres que tienen poder sobre niñas, niños y adolescentes», afirmó.
El coordinador de REDIM explicó que la mayoría de las agresiones sexuales contra menores ocurren en espacios privados y son cometidas por personas cercanas o con algún tipo de autoridad, lo que dificulta que las víctimas denuncien.
«La violencia sexual ocurre casi en su totalidad en contextos privados. La relación de desventaja que tienen niñas, niños y adolescentes frente a los adultos reduce de manera importante las denuncias», explicó.
Agregó que las cifras oficiales representan solo una aproximación a la realidad, ya que muchas víctimas guardan silencio por miedo, dependencia económica o por la violencia institucional que enfrentan cuando deciden denunciar.
En el caso de los niños y adolescentes varones, señaló que la denuncia suele ser aún menos frecuente debido a los estigmas asociados con la masculinidad.
Pérez García subrayó que la mejor forma de prevenir estos delitos es fortalecer las redes de protección desde la familia, la escuela, las comunidades, las iglesias y los espacios deportivos, además de garantizar educación sexual integral.
Recordó que Guanajuato continúa siendo una de las entidades con mayores riesgos para la infancia. Durante los últimos seis años se ha mantenido entre los primeros lugares nacionales en homicidios dolosos de menores y también registra un alto número de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.
Recordó que, a nivel nacional, existen alrededor de 18 mil menores de edad que permanecen desaparecidos y más de 112 mil reportes de desaparición acumulados en los últimos 20 años.
