En Guanajuato ya nadie está a salvo, ni siquiera los policías. La delincuencia aprovechó que no hay gobierno capaz de hacerles frente y se asentó a lo largo y ancho de la entidad, mientras el gobernador Miguel Márquez Márquez –el principal responsable de brindarnos seguridad- declara que ya hizo lo que pudo y que ni Robocop puede ayudarnos.
El viernes 1º de junio vivimos el episodio más sangriento de los crecientes ataques contra elementos de seguridad: seis agentes viales fueron acribillados a tiros cuando participaban en un operativo de verificación vehicular en Salamanca. Ninguno de ellos sobrevivió: cinco murieron en el lugar y uno más falleció mientras recibía atención médica.
Los agentes estaban indefensos, como todos nosotros, no llevaban armas ni chalecos antibalas. Lo más preocupante es que no hay indicios de que la situación vaya a cambiar: Miguel Márquez tiró la toalla desde hace mucho tiempo.
Según reportan medios locales, en Guanajuato matan en promedio a siete policías al mes. Una cifra nunca antes vista. Van 36 oficiales abatidos en lo que va del año, 27 de ellos policías municipales.
Los policías han caído en Salamanca, Celaya, Valle de Santiago, Irapuato, Salvatierra, San José Iturbide, Abasolo, Cortazar, Dolores Hidalgo, Uriangato, León, Apaseo el Alto, y Villagrán; son agentes municipales, policías ministeriales, y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Y como en la mayoría de los casos, en los ataques a policías prevalece la impunidad.
La reacción de las autoridades es la misma de siempre: decenas de uniformados de distintas corporaciones aparecen en el lugar del crimen, como si eso fuera a ayudar en algo, de pronto se ven más y más patrullas recorriendo las calles y helicópteros sobrevolando la ciudad, pero nada. Cero detenidos.
Los jefes policiacos lamentan los hechos y anuncian que reforzarán la vigilancia, que redoblarán esfuerzos; prometen a las viudas y familiares de las víctimas que no habrá impunidad, pero nadie puede responder por qué los mataron.
¿Y el gobernador? Instruyó al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, a que instalara una célula de la Agencia de Investigación Criminal para que hubiera justicia. Una frase hecha, una instrucción obvia para salir del paso. En realidad, no importa, él ya hizo lo que pudo
Del 26 de mayo al 1 de junio hubo 55 asesinatos y 19 personas baleadas. ¿Cómo durmió esta semana, señor gobernador?
¡Nos leemos la próxima semana!
