La Secretaría de la Honestidad de Guanajuato confirmó que la investigación relacionada con el uso de recursos públicos para un congreso de abogados realizado en 2019 continúa en proceso y no se encuentra archivada.
La titular de la dependencia, Arcelia González González, informó en entrevista que el expediente aún se encuentra dentro de los plazos legales para que las partes involucradas puedan interponer recursos, por lo que la ley obliga a mantener reserva sobre los detalles del caso.
“Es un asunto que todavía no concluye. Está en proceso de poder interponer algún recurso y la ley me obliga a la secrecía”, explicó la funcionaria.
El caso está relacionado con el financiamiento del Segundo Congreso Internacional de Derecho, organizado por el Colegio de Abogados de León en 2019, cuando la asociación era presidida por Jorge Marcelino Trejo Ortiz. Para la realización del evento, la entonces Secretaría de Turismo de Guanajuato otorgó 2 millones 320 mil pesos mediante el convenio SECTUR/CONV/05919.
La investigación administrativa se originó tras una denuncia presentada por el abogado y activista José Roberto Saucedo Pimentel, quien cuestionó el manejo de los recursos públicos destinados al evento.
De acuerdo con el expediente INV.SEA.05.2024.SECTUR.OIC, la revisión se derivó de solicitudes de acceso a la información realizadas en 2023 para conocer la documentación que acreditara la aplicación del recurso. Tras diversos requerimientos, respuestas institucionales, recursos de revisión y un juicio de amparo, el Colegio de Abogados entregó comprobantes fiscales; sin embargo, no se logró justificar un monto de 56 mil 131 pesos con 46 centavos.
Posteriormente, en febrero del año pasado, el entonces presidente del colegio, Víctor Manuel Sánchez Quiroz, realizó el reintegro del recurso no comprobado junto con intereses, por un total de 75 mil 533 pesos con 68 centavos, tras un requerimiento formal de la autoridad estatal.
El denunciante también señaló que durante la investigación se identificaron omisiones en la supervisión del convenio por parte de la servidora pública responsable, quien no habría recabado previamente la totalidad de los comprobantes fiscales antes de dar por cumplidas las obligaciones del organismo.
Saucedo Pimentel sostuvo que, aunque la Secretaría de la Honestidad reconoció irregularidades en el manejo de los recursos, la prescripción de faltas administrativas impidió determinar responsabilidades. La resolución tampoco estableció sanciones para exfuncionarios de la Secretaría de Turismo, al considerar que la supervisión del convenio estaba delegada en una coordinadora designada.
La dependencia estatal indicó que, una vez concluido el periodo legal para la presentación de recursos, la información del expediente podrá hacerse pública.
