El exempleado municipal Carlos Zaragoza Arias, ganó una demanda laboral interpuesta contra el Instituto Cultural de León, donde un actuario formalizó ayer el embargo precautorio de un equipo de cómputo como garantía del pago del finiquito.
Antes del mediodía, el demandante se presentó ante las instalaciones del ICL, en la Plaza Catedral, en donde el representante de los Tribunales del Trabajo, apoyado por elementos de la Policía Municipal, ejecutó la orden de embargo.
En el lugar, el exempleado, quien se desempañaba en un área de Planeación, aseguró que como finiquito correspondían 90 mil pesos, pero solo le ofrecieron 60 mil, por tanto procedió ante los tribunales laborales.
Su contrato estuvo vigente la pasada Administración municipal, pero “al desaparecer” el área que encabezaba, fue notificado de su baja y al no estar de acuerdo con el ofrecimiento de la parte patronal, el caso lo ventiló ante los tribunales.
SIN AVISAR
Tras embargado el equipo de cómputo, el director del Instituto Cultural de León, Carlos Flores Riveira, se mostró extrañado del procedimiento judicial, puesto que el caso todavía no tiene una sentencia, pero ya se ejecutó el embargo, “tampoco fuimos notificados”.
Asumió el respeto a la Ley y a la resolución de los tribunales, pero indicó que el área jurídica de la Dirección de Desarrollo Institucional del municipio advierte inconsistencias en torno al caso.
“Lo que nosotros sabemos es que, en el proceso del juicio todavía no había una sentencia y, al no haber una sentencia no tendría por qué haber una ejecución (…) nosotros no fuimos notificados en ningún momento”, explicó.
DEMANDA
Recordó que en un principio Carlos Zaragoza aceptó la propuesta para el rompimiento de la relación laboral, pero luego cambió de opinión que decidió demandar. Su salida fue entre julio y agosto del año pasado.
Aseguró que, desde entonces, el Instituto Cultural de León acata las resoluciones de las instancias laborales, como fue la propuesta de reinstalación, misma que se cumplió, pero el trabajador estuvo un día, pero luego dejó de asistir a trabajar, por tanto se levantaron las actas administrativas correspondientes.
Pedirá, a través de su área jurídica, una explicación sobre el motivo por el cual se procedió a una ejecución sin existir una sentencia, y en el momento que todo se aclare se tendrá que devolver el equipo de cómputo. Se trata de nueve equipos de las áreas de Dirección y de Comunicación.
La información y contenidos de las computadoras fueron respaldadas para evitar que afecten los programas de trabajo del Instituto Cultural de León.
