¿De cuándo acá estamos todos tan interesados en lo que sucede con la política al norte de la República? ¿Qué sucede en Baja California, que nos tiene a todos expectantes? ¿Qué es la Ley Bonilla y qué supondría su aprobación? En resumidas cuentas, el Congreso de Baja California dio luz verde a la reforma constitucional que amplía la próxima gubernatura en tal estado, de dos a cinco años, a propuesta de un legislador del partido Morena en tal entidad, lo cual a los ojos no sólo de los consejeros electorales, de otros gobernadores y del pueblo en general, resulta antidemocrático.
En el Congreso local de tal estado, en una primera votación, la iniciativa contó con una mayoría de votos y sólo una abstención. La validación de la reforma se aprobó también, con al menos tres de los cinco ayuntamientos de la entidad. Sin embargo, para que la reforma entre en vigor, es necesario que sea publicada en el Diario Oficial de Baja California, aunque el gobernador actual del estado, Francisco Vega, aseguró que no la promulgará porque los ciudadanos votaron por una administración de dos años, y afirma que se debe respetar su voluntad. Y es que en 2014, en el proceso de reforma electoral en el país, el Congreso de Baja California aprobó un decreto, con un artículo transitorio en la Constitución local, para armonizar o empatar la fecha de sus comicios locales, con las elecciones federales de 2021. En dicho decreto se estableció que de manera excepcional, el ganador de las elecciones de 2019 tendría un periodo de gobierno de dos años, y después se regularizarían los lapsos. En otros estados, como Veracruz y Puebla, ya se dieron estos breves periodos de gobierno, de 2016 a 2018. Aparentemente, el gobernador electo “Bonilla” ya tenía este “plan” bien definido de extender su mandato, previo a su elección, por lo que sus argumentos de no querer alargar su gobierno cuando llegue al poder, son poco creíbles. En la iniciativa para extender el mandato de Bonilla, aprobada el 8 de julio, Morena explicó que las principales razones para que esto suceda, son evitar gastos electorales e impedir que el plan de gobierno que se adoptara no fuera “de largo alcance”. Evidentemente, Morena defiende que no se puede pensar en procesos políticos truncos ni tiempos “cortados”, en beneficio de todos. Si bien es cierto que en cualquier administración se requiere de cierta continuidad para alcanzar resultados, llama la atención la insistencia y la manera tan burda en que el Congreso local aprobó la ya comentada reforma. Los dirigentes de los partidos políticos a nivel nacional no han quitado el dedo del renglón y han cuestionado incluso al presidente de la República sobre su intervención en este tema, aun cuando se ha abstenido de pronunciarse. Lo complejo de este asunto es que, de aprobarse la reforma al señalado decreto, se sentaría un precedente que pudiera invocarse en futuros procesos electorales, lo cual significaría un verdadero atentado contra la democracia.
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