Ante la situación financiera que enfrenta el país y con el objeto de contar con disposiciones legales más claras y mejor enmarcadas en la disciplina presupuestal y la austeridad, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron una iniciativa para reformar la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
INSUFICIENTES
La legisladora María Guadalupe Velázquez Díaz señaló que los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal actuales son insuficientes para responder a la situación por la que atraviesa el Estado.
“Es momento de discutir nuevas formas de cuidar el dinero público, mediante acciones concretas y realizables de racionalidad y austeridad presupuestal, así como de control del gasto superfluo, no podemos dejar de lado la búsqueda de una austeridad laboral de los servidores públicos”, enfatizó la congresista.
Velázquez Díaz mencionó que la actual legislación en la materia deja a criterio de los responsables de hacer cumplir la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, la responsabilidad de dictar los criterios en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del gasto.
CONSTANTE
Agregó que dichos lineamientos se renuevan cada año, lo que provoca que los sujetos obligados olviden que la disciplina en el gasto debe ser una constante con sentido progresivo.
La legisladora consideró que las acciones administrativas hasta ahora anunciadas por los diferentes entes públicos, aunque debidas y oportunas, no alcanzan el impacto, la generalidad y la obligatoriedad en todo el sector público, además de que no responden al fondo del problema sino resultan solo medidas temporales.
“La austeridad buscada debe ser un equilibrio entre el reclamo y la sensatez, pero no puede ser una simulación en forma alguna. Una austeridad sensata que parta del abandono del privilegio sin razón y que ha conducido a que los altos y medios mandos del servicio público vivan por encima de las posibilidades del ciudadano común, lastimando la dignidad por el servicio público e incrementando la débil confianza ciudadana en sus instituciones”, dijo.
