La bella ciudad de la piel y del calzado vuelve a la normalidad, después del término de la tan famosa feria de León, y dejando al lado las luces de neón y los juegos mecánicos, regresamos de nueva cuenta a la historia de todos los días, que desde hace tiempo ya se nos hizo costumbre: muertos, balas, sangre y corrupción, la cual ha llegado a todos los niveles, desde las togas hasta las instancias que procuran seguridad e impartición de justicia. Y mientras a nivel federal se entretienen con la rifa de espectaculares aviones, el Estado de Guanajuato es invadido por miles de elementos de la recién formada Guardia Nacional, y mientras ésta se encarga de dar “Golpes de Timón”, tal parece que a varios jueces del Poder Judicial se les ha designado, o quizás impuesto, la función de “rescatistas de náufragos”, ya que vemos con ojos de incredulidad, la gran cantidad de impunidades y errores judiciales que se ventilan en las sentencias y en las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, tardando más los elementos policiales en atrapar a los peces gordos, que los jueces en soltarlos.
El gremio de abogados especialistas en el área penal, vemos con tristeza y no encontramos explicación alguna, a cómo son liberadas las personas más buscadas por su autoría en delitos de alto impacto, mientras que otros menos afortunados, acusados de delitos menores, son castigados con todo el peso de la Ley. Vivimos un momento histórico en el cual tiene más garantías un delincuente atrapado en la flagrancia de su delito, que el de un policía que cae en las trampas de la ley por haber ejercido mal su función policial.
Tal y como dirían en los tiempos de don Porfirio, ahora “los patos le tiran a las escopetas”, y los abogados postulantes en el área penal, ven cómo de forma injusta y además ventajosa, existe un silente contubernio entre la Fiscalía y el Poder Judicial, donde al igual que una pareja bailando el vals, uno propone y el otro le sigue el juego, escuchando los argumentos de la defensa sólo por cortesía.
Mientras tanto, afuera de los juzgados, no hay fuerza policial suficiente que pueda detener a los asaltantes de transeúntes, a los ladrones de autopartes, a los extorsionadores, los acosadores callejeros, los autores de los robos a casa habitación, volviendo de nuestro estado un lugar en donde es difícil salir a la calle a tomar el autobús, sin temor a ser asaltado por los raterillos del barrio, quienes, quizás más peligrosos que un secuestrador, son capaces de rebanarte la garganta por un billete de cincuenta pesos, y a pesar de que sus rostros son exhibidos en las redes sociales, tal parece que estos peces de poca monta no son de interés de nadie, salvo de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que siempre está al pendiente de que se les trate dignamente.
Ni Seguridad Pública, ni Fiscalía General, ni el Poder Judicial, ni institución análoga, muestra interés en la persecución y eliminación de la escoria social que pone en peligro la vida, el patrimonio, la libertad sexual, la honorabilidad y en general todos los bienes jurídicamente tutelados, de la ciudadanía en su conjunto.
Todo lo anterior ha traído como consecuencia un decaimiento en la motivación de los agentes de la Ley, ya que es constante que aleguen que prefieren no atrapar al delincuente, que posteriormente ellos verse enredados en problemas jurídicos donde su institución los deja solos, a la buena de Dios, crucificándolos por detener a esas personas que tanto daño hacen al prójimo. Al paso que vamos, las agencias del Ministerio Público empezarán a ser “agencias de viajes”, por tantas veces que mandan a la víctima a volar. Con gusto seguiría escribiendo, pero como siempre, tengo miedo de que me vayan a robar algunas letras. El abrazo se los debo, porque al igual que mis letras, se las vayan a robar en el camino.
