Transportistas locales aseguraron que ha detectado 30 unidades piratas que prestan el servicio de transporte urbano en la ciudad, por lo que preparan acciones legales en contra de la omisión de autoridades, que han permitido esta situación.
La falta de labor de las autoridades municipales para revisar la condición de estos autobuses y de las conocidas como ‘Esprintes’ han causado afectaciones a unos 45 prestadores del servicio, 38 personas físicas y 7 empresas.
Los transportistas, que prestan el servicio en unidades de las ‘Esprintes’ dieron a conocer que esta situación no es nueva y ocurre desde el año 2002, en el cual debieron actualizarse las concesiones del servicio público de transporte y a la fecha no se ha hecho.
“El reglamento de transporte y tránsito municipal en su artículo tercero establece que dicha dirección emitirá un programa de canje de concesiones, otorgadas por el Gobierno del Estado”, dijo Ariel, uno de los afectados por la falta de acción de las autoridades.
Recordó que hace unos años, por medio de una reforma a la Ley de Tránsito y Transporte del Estado se facultó a los municipios para llevar a cabo una regulación progresiva de los títulos de concesión y en la ciudad de Guanajuato, desde hace al menos tres administraciones, las concesiones no se han actualizado.
Los empresarios del transporte pidieron a las autoridades trabajar ya en la regularización de las concesiones y evitar que el problema siga creciendo, pues la más de 150 de éstas para el transporte urbano están vencidas.
Otra situación que tiene preocupados a los transportistas es que hay información en el sentido que a sus homólogos de ciudades vecinas como Silao e Irapuato les han ofrecido concesiones para que presten el servicio en la ciudad.
“Tenemos información que supuestos ex funcionarios municipales se han acercado a transportistas de Irapuato y Silao para ofrecerles concesiones, de las mismas que ahorita están en uso y que las autoridades no quieren regularizar”, afirmó otro de sus compañeros.
Los propietarios de unidades de transporte público y concesionarios del servicio aseguraron que en caso que las autoridades concreten la entrega de concesiones a personas de otras ciudades, eso les representaría la pérdida de su patrimonio y de sus familias.
Lamentaron la falta de trabajo de las autoridades y que con las acciones que están llevando a cabo solo ocasionen el deterior del servicio, en perjuicio de los miles de personas que a diario usan el transporte urbano en la ciudad.
