Entre los programas y fondos afectados destacan: Fondo Minero, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, además de los relativos a la conservación del Patrimonio Cultural.
La regidora Liliana Preciado, presidenta de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento, cuestionó que estos fondos que permitían tener en mejores condiciones inmuebles históricos y mejorar la infraestructura básica en poblaciones rurales hayan sido cancelados.
“Son varios los programas y fondos que se enviaban desde la Federación y eran utilizados para llevar servicios públicos a comunidades mineras, dar mantenimiento al Patrimonio Cultural que fueron cancelados de un momento a otro”, dijo.
Explicó que desde 2018 a la fecha hacen falta recursos por un monto de 60 millones, lo que ha ocasionado que rubros como la rehabilitación del patrimonio cultural y la seguridad pública no cuenten con recursos suficientes.
El Fondo Minero estaba integrado por las aportaciones que vía impuestos hacían empresas mineras para mejorar con obras y servicios la infraestructura básica en poblados donde la actividad minera era la generadora de empleos.
Mientras con el Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, la corporación municipal de seguridad tenía acceso a recursos frescos para destinarse a equipamiento y contratación de personal.
Preciado Puga consideró que hasta ahora de parte de las autoridades federales no se han dado razones para justificar esta decisión y los recursos hacen falta porque fueron creados para esos fines.
La regidora cuestionó sobre el tema del fondo en materia de seguridad pública, sobre todo por el momento tan complicado que se vive en todo el país y el Estado, donde en lugar de contar con recursos suficientes, ahora no existen.
Apuntó que en lo que queda del actual sexenio no se va a reponer esa baja de recursos y las autoridades municipales tendrán que administrarse de mejor manera para atender lo que ha ocasionado no contar con los recursos necesarios.
Precisó que la decisión de autoridades federales no sólo ha afectado a la administración municipal, sino también a miles de personas que se han quedado sin medios para acceder a una mejor calidad de vida, como el caso de las comunidades mineras.
