Aunque el Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) prometió apoyar a las familias desalojadas en San Juan de Abajo con la entrega de despensas, colchones y un subsidio de renta de 3 mil 500 pesos, algunos afectados señalaron que no han recibido la ayuda.
Vecinos afectados contaron que, debido a temas laborales, escolares y familiares, han buscado rentar viviendas dentro de la misma comunidad, pero se les ha negado ese derecho, lo que ha impedido que se les otorgue el apoyo económico prometido.
Julissa Maribel Rincón, una de las afectadas que perdió todo tras el derrumbe de su vivienda, explicó que desde hace un mes ya no ha recibido despensas ni ha tenido acercamiento con el instituto.
“Nos dijeron que nos iban a dar camas y a pagar la renta, pero que teníamos que buscar casa en la colonia 10 de Mayo. Se les olvida que nuestros niños estudian aquí, en San Juan de Abajo”, comentó.
Respecto al proceso legal, dijo desconocer el estado del juicio, ya que supuestamente les habían asignado abogados para acompañarlas en el proceso jurídico, pero desde hace semanas no reciben información.
“Nos dijeron que iban a meter la demanda, pero no sabemos nada. No sabemos si sigue el juicio, si nos van a dar el apoyo o no”, señaló.
Julissa vive actualmente con un familiar en San Juan de Abajo, mientras cuida a su hija menor, quien padece asma.
Por su parte, María de los Ángeles, otra de las afectadas, mencionó que le condicionaron el apoyo para la renta con la exigencia de que la vivienda estuviera ubicada en la colonia 10 de Mayo.
“Nos dijeron que nos iban a apoyar, pero nunca nos habían mencionado esa condición. Luego nos dijeron que si rentábamos en otro lugar no nos darían el dinero”, explicó.
Ambas mujeres señalaron que, aunque el IMUVI ofreció cubrir una renta mensual de 3 mil 500 pesos, las casas que se ajustan a ese presupuesto no son aceptadas por el instituto bajo el argumento de que “no son habitables”.
“Buscamos casas aquí en San Juan de Abajo, pero no las aprueban. Dicen que no son adecuadas, pero en otras colonias las rentas superan los cinco mil pesos. Y aquí, además, tenemos cerca la escuela y el trabajo”, comentó María de los Ángeles.
Agregó que muchas de las familias afectadas han perdido sus empleos tras el siniestro, por lo que se les dificulta cubrir gastos básicos.
“Varios esposos fueron despedidos porque tuvieron que faltar al trabajo después del derrumbe”, dijo.
Las afectadas coincidieron en que el contacto con el IMUVI ha sido limitado y se reduce a mensajes por teléfono o a las entregas esporádicas de despensas.
“La última vez que recibimos despensa fue el 8 de octubre. Solo nos traen la ayuda, firmamos y se van. Ya no tenemos comunicación directa”, señalaron.
De acuerdo con las entrevistadas, entre ocho y nueve familias continúan sin recibir los apoyos completos. Además, aseguran que aunque algunas han encontrado viviendas, el IMUVI no responde sus llamadas para validar los inmuebles, lo que les impide acceder al subsidio.
“Marcamos al IMUVI, pero nunca contestan. Y mientras tanto los dueños no pueden esperar, rentan sus casas a otros”, comentó Julissa.
Las familias insisten en que se les permita rentar dentro de San Juan de Abajo, donde vivían originalmente, ya que las rentas son más accesibles y sus hijos pueden continuar estudiando sin interrupciones.
