A tres años de la estafa cometida por el despacho Punto Legal, un grupo de personas defraudadas se manifestó la mañana de este miércoles en León para exigir a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) que no archive las carpetas de investigación y que se avance en la búsqueda de justicia.
La protesta inició minutos después de las 9:00 de la mañana en el Arco de la Calzada, donde los afectados portaron lonas con mensajes de indignación y exigieron el fin de la impunidad, así como la ejecución de las sentencias pendientes.
Los manifestantes también pidieron no más protección a Edgar “N”, señalado como responsable del fraude millonario, y no más amparos, informaron que ya son más 400 familias que se quedaron prácticamente en la calle.
El abogado particular Baccelli Lira Cruz, quien acompaña a las víctimas en el proceso, denunció que las audiencias del caso se han prolongado injustificadamente y que la siguiente está programada hasta septiembre de 2026, lo que calificó como una violación al derecho constitucional de las víctimas a una “justicia pronta y expedita”.
“Nos notificaron que la próxima audiencia será hasta 2026. Díganme si eso es justicia. Las víctimas están exigiendo su derecho constitucional a una justicia plena y expedita”, expresó el abogado.
Lira Cruz también cuestionó la actuación de la fiscalía y del Poder Judicial, señalando que las investigaciones no han avanzado y que se está “jugando con la prescripción de los delitos”.
Asimismo, denunció que se ha limitado la participación de abogados particulares, bajo el argumento de que los asesores jurídicos públicos tienen “mejor información”, lo cual, dijo, deja a las víctimas en desventaja.
“Para la fiscalía estas personas no son más que un número más, carpetas de investigación. Se le está asignando a un delito de alto impacto la calificación de un delito menor; es una cachetada para las víctimas”, afirmó.
Durante la manifestación, los afectados exigieron a las autoridades rastrear el destino del dinero obtenido mediante el fraude, al que llamaron “el tren del dinero”, e insistieron en que se asignen peritos contables para seguir la ruta de los recursos.
También solicitaron una audiencia con la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, así como con los fiscales regional y estatal, José Luis Mora y Carlos Zamarripa Aguirre, respectivamente.
“Fiscalía no es casa particular de ningún titular; es la casa de las víctimas, del pueblo. No archiven las carpetas por archivar. Las víctimas no son estadísticas, son personas con vida y patrimonio”, expresó el abogado.
Los manifestantes marcharon de la Calzada hacia la calle Madero hasta llegar a Presidencia Municipal durante su recorrido los afectados exigieron una justicia pronta e hicieron llamado a las autoridades a agilizar el caso.
Pidieron no sean olvidados pues apartir de que comenzaron a visibilizar el fraude más personas se han atrevido a denunciar de acuerdo a Lira, las denuncian ya suman más de 400.
