Bajo un clima de impotencia, tensión y tristeza, el patrimonio de al menos siete familias de la comunidad de San Joaquín se convirtió en escombros la mañana de este lunes 14 de julio, después de que maquinaria pesada demoliera las viviendas que habían habitado, en algunos casos, por más de veinte años.
El desalojo por una orden judicial de un predio irregular, ubicado detrás de la colonia San Juan de Abajo, es el desenlace de un presunto fraude que dejó a los afectados sin hogar.
La diligencia en las calles San Rafael, Santa Cristina y San Octavio fue descrita por los afectados como sorpresiva e impactante. «Irrumpieron, derribaron la puerta y comenzaron a demoler con la maquinaria; ni siquiera les dieron chance para sacar sus pertenencias», relató con impotencia un habitante mientras observaba como demolían su casa.
La tensión durante el desalojo estalló cuando el actuario judicial a cargo se negó, según testigos, a presentar la orden que autorizaba la demolición.
Su negativa fue el detonante de la resistencia de las familias, quienes intentaron proteger sus viviendas.
Por otro lado, agentes de la Policía Municipal, encargados de la seguridad en la zona, aseguraron que las familias ya habían sido notificadas con anterioridad sobre el proceso legal que enfrentaban.
El origen del conflicto se trató de un presunto fraude inmobiliario que, de acuerdo a lo mencionado por los afectados, se remonta al fallecimiento del propietario original de los terrenos, un hombre identificado como Jorge N. Tras su muerte, su hijo, Nicolás N., quedó a cargo de los predios.
En lugar de regularizar la propiedad, Nicolás N. presuntamente vendió la totalidad de los terrenos a un tercero. Fue este intermediario quien finalmente fraccionó y revendió los predios a las familias hoy afectadas, prometiéndoles escrituras que nunca se concretaron.
Durante años, se presume que se interpusieron numerosos amparos intentando acreditar su posesión, pero al no contar con escrituras que validaran la propiedad, la autoridad judicial finalmente falló en su contra, agotando todas las instancias, lo que derivó en la orden de demolición.
Rocío, una madre de familia, conocida mejor como “Rosy», una de las desalojadas, explicó que todo se deriva de una compleja disputa legal sobre propiedades hipotecadas. «La gente tiene miedo», expresó con temor el sentir general ante la posibilidad de manifestarse para exigir justicia.
La zona en disputa se caracteriza por ser de tenencia irregular. Se trata de terrenos ejidales sin servicios básicos, cerca de torres de alta tensión y un río, donde el propio municipio había colocado advertencias sobre el riesgo de comprar lotes.
Mientras caía la noche, acompañada de lluvia, en medio de la situación, surgió la solidaridad de otros vecinos, quienes ofrecieron resguardar algunas pertenencias de las familias afectadas.
Sin embargo, entre los escombros y la incertidumbre, la resignación duró poco. Pronto, el dolor se volvió determinante, y las familias afectadas comenzaron a unirse, decididas a organizarse para exigir justicia por el patrimonio que les fue arrebatado.
