Socios defraudados por la Caja 30 de Agosto denuncian presuntas irregularidades en el proceso de reclamo de sus inversiones ante Fipago; hay negativa a recibir documentos, dicen.
Este miércoles en rueda de prensa exhibieron las dificultades que han enfrentado desde el cierre de la cooperativa, hasta la llegada de las oficinas de Fipago para la recaudación de documentos con los que podrán reclamar parte de su inversión a través de un subsidio federal.
El 14 de febrero de 2014 la Caja cerró por completo la Sucursal Silao ubicada en calle Antonio Zúñiga. No se recibieron pagos, no se entregaron ganancias de inversión ni se permitieron otros movimientos.
El 31 de julio pasado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato el listado de requerimientos y las reglas para poder acceder al beneficio. El plazo vence el 28 de septiembre.
Fipago es un fideicomiso federal que en el caso en mención, permitirá entregar a los inversionistas el 70% de un monto máximo de 240 mil pesos. Socios tenían hasta 6.5 millones de pesos.
Hace dos semanas se abrió la oficina recaudadora de expedientes en Plaza La Joya, donde dicen los aquejados, existen “trabas”, pues no les hacen válidos los pagarés y demás documentos con los que dan cuenta de su relación con la Caja. El fraude en Silao asciende a los 50 millones de pesos.
Enrique Alba Martínez, asesor jurídico de las víctimas, señaló que cualquier persona, “aun cuando no haya presentado la querella”, puede acudir a reclamar a Fipago. Hasta esta semana sólo se habían presentado 150 ahorradores.
Los lineamientos de operación no se cumplen en su cabalidad, reprochó, además de que no existe la difusión necesaria. “El dinero que no se ejerce del gobierno estatal o del federal, obviamente se regresa a sus arcas”.
María Rosario Pérez Chávez, afectada y representante de los defraudados en Silao, reprochó que han encontrado trabas en el proceso. Cuando un socio pedía un crédito se le retenía su pagaré de inversión, aunque los montos fueran muy alejados; también se realizaban endosos que según las oficinas de atención, invalida los documentos.
“Les reconocen el adeudo (de los préstamos), pero no su inversión”, lamentó, mientras exhibió presuntas irregularidades ante la falta de concordancia entre las cifras en manos de Fipago y los documentos que poseen los socios.
