Las malas condiciones del transporte público y los largos tiempos de espera no son un problema exclusivo de León, sino una situación crítica que se replica en distintos municipios de Guanajuato, afirmó Ernesto Ramírez, integrante del colectivo URBE.
El activista explicó que han identificado deficiencias graves en todo el estado: en Guanajuato capital circulan unidades inadecuadas para la topografía de la ciudad, mientras que en Celaya y Salamanca persiste el rezago en la renovación de flotillas. Incluso, señaló que en la zona metropolitana de Moroleón y Uriangato el servicio prácticamente desapareció, obligando a la población a adoptar la motocicleta como su principal medio de traslado.
Ramírez consideró que el origen de la problemática deriva de la decisión de municipalizar el servicio hace dos décadas, lo que limitó la capacidad de inversión y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
«No hay una inversión suficiente por ninguna parte. El gobierno estatal tiene limitaciones porque no es una atribución directa, y el municipio sigue destinando los recursos a infraestructura para el automóvil, en lugar de atender a la mayoría de la población que usa el transporte público, la bicicleta o camina», señaló.
El panorama en León
Respecto a León, recordó que, de acuerdo con cifras del INEGI, el Sistema Integrado de Transporte (SIT) aún no recupera los niveles de pasaje previos a la pandemia. Afirmó que el problema no radica en el modelo del Optibús, sino en su administración.
«El gran problema es la gestión que tienen el gobierno municipal y estatal. La falta de financiamiento termina generando una problemática no solo para las personas usuarias, sino para toda la ciudad», apuntó.
El integrante de URBE advirtió que el diagnóstico para la actualización del Programa Municipal de Desarrollo estima que un viaje redondo en transporte público puede tomar hasta cuatro horas al día. Esta ineficiencia funciona como un incentivo para migrar hacia motocicletas, bicicletas eléctricas o monopatines, alternativas más atractivas pero que implican un mayor riesgo vial.
«Si no se toman acciones claras y estratégicas para reducir los tiempos de traslado, vamos a ver un alza importante en las lesiones y muertes viales. Hay una crisis sanitaria de personas que están perdiendo la vida en siniestros de tránsito y eso no debería ser tolerable», concluyó.
