El contralor Leopoldo Jiménez Soto, ante directivos de SAPAL, afirmó que “no existe conflicto de interés ni tráfico de influencias en el contrato de obra de construcción del colector El Muerto”.
De acuerdo a las investigaciones, el presidente del Consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Jorge Ramírez Hernández, no ejerció presión, ni opinión, ni intervención en la licitación de asignación del contrato.
El contrato de obra se asignó a la empresa GURAM Constructora S.A. de C. V. de Gustavo García Hernández, en sociedad con la empresa Construcción y Servicios del Bajío (COSEBA), propiedad de Enrique Aranda Anaya, quien es cuñado del presidente del Consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández.
El contrato de obra se asignó por 47 millones de pesos para la rehabilitación del colector sanitario del arroyo del Muerto, desde el bulevar Francisco Villa hasta el bulevar Adolfo López Mateos.
El contralor indicó que la investigación se abrió de manera oficiosa porque nadie presentó denuncia, y tras indagatorias exhaustivas entre los integrantes del consejo directivo de SAPAL, el resultado es que no existe conflicto de interés ni tráfico de influencias.
Sin embargo, continúa el expediente 012/2019 en el archivo para en caso de que haya elementos probatorios de cargo, se abra y se proceda a dar continuidad a la investigación, destacó el contralor Leopoldo Jiménez Soto.
Al evento acudió Gustavo García Hernández, propietario de la empresa GURAM, quien indicó que desde hace 18 años participa en obras de SAPAL.
Ante Gustavo García Hernández, el presidente del consejo de SAPAL, Jorge Ramírez Hernández, expresó que “hoy lo conocí a él, es el socio de mi cuñado”, y que no intervino para nada en la asignación de obra en la que participa su cuñado Enrique Aranda Anaya con la empresa COSEBA.
[responsivevoice_button voice=»Spanish Latin American Female» buttontext=»Escucha Esta Nota»]
