El daño moral es un instrumento de censura silenciosa que se utiliza para intimidar periodistas; según lo advirtió la organización internacional Artículo 19.
Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Defensa de la citada agrupación, dijo que, a pesar de los avances legislativos en materia de libertad de expresión, en Guanajuato persisten mecanismos de censura indirecta como el uso del citado delito de daño moral.
La organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa del derecho a la información y libertad de prensa, advirtió sobre una tendencia creciente a judicializar el trabajo periodístico, utilizando figuras legales como calumnias, difamación o daño moral, lo que representa un tipo de hostigamiento judicial que inhibe la labor informativa.
“En México, una de las situaciones que más ha preocupado en los últimos años ha sido el incremento de lo que llamamos el hostigamiento judicial”, subrayó.
Puso el ejemplo de que en 2015 se documentó un sólo caso de este tipo en el país, pero en los últimos seis años el promedio aumentó a dos casos al mes.
«Esto refleja el uso sistemático del marco jurídico para amedrentar a periodistas», advirtió.
Señala que su organización ve con preocupación la “doble velocidad” de la justicia, que actúa con lentitud cuando los periodistas son víctimas, pero se acelera cuando se les acusa, sobre todo si el señalamiento viene de algún actor político.
“Cuando la prensa es víctima, los casos pueden quedarse en investigación por años, si no hasta décadas. Mientras que cuando se inicia un proceso en su contra, son procesos que avanzan a rápida velocidad”, ejemplificó.
Dijo que el costo legal de estos procesos que impactan a los periodistas es alto, tanto en la parte económica como psicológica.
“Esto también genera una afectación psicoemocional, ante el pensamiento de que en cualquier momento pueden ser demandados», acotó.
Dijo que la presión emocional se agrava porque la gran mayoría de los periodistas en México no tienen capacidades legales para defenderse ni recursos para pagar a abogados especializados.
«Muchos periodistas no cuentan con los recursos económicos ni apoyo legal para defenderse, por lo que quedan inmovilizados, lo que hace que sea un mecanismo de censura», afirmó.
Se dijo preocupado por la falta de respaldo institucional de algunos medios de comunicación, que no asumen la defensa de sus reporteros cuando enfrentan estas situaciones.
«México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no sólo por la violencia física, sino también por mecanismos legales que buscan silenciar voces críticas, por ello, Artículo 19 ha denunciado en diversas ocasiones que delitos como el daño moral, aún vigentes en varios códigos civiles estatales, se han convertido en una forma de censura judicial y autocensura entre periodistas, especialmente a nivel local», sentenció.
Recordó que en nuestro estado, en fechas recientes, ha habido periodistas que han denunciado presiones legales por la publicación de investigaciones sobre temas sensibles como corrupción, violencia o seguridad pública.
«Esto genera un ambiente de incertidumbre legal para el ejercicio informativo. La entidad aún cuenta con la figura legal de daño moral que está contemplado en el Código Civil y en la Ley de Responsabilidades Patrimoniales del Estado y los Municipios», enfatizó.
