La diputada federal panista Cristina Márquez Alcalá advirtió sobre los riesgos de permitir el congelamiento de cuentas bancarias sin un control judicial claro, esto en medio de la inconformidad que ya expresan sectores empresariales y parte de la sociedad.
La legisladora reconoció que existe una preocupación legítima por combatir operaciones ilícitas, pero sostuvo que las medidas actuales pueden abrir la puerta a abusos si no se establecen límites claros.
“Sí ha habido una inconformidad en cuanto a congelar de manera arbitraria las cuentas; apoyamos que se le cierre la llave a las operaciones ilícitas, sin embargo, no puede haber tanta arbitrariedad”, señaló.
El tema ha generado ruido particularmente entre empresarios, quienes ven en esta disposición un riesgo para la operación de sus negocios. La posibilidad de que una cuenta sea bloqueada sin orden judicial directa ha sido señalada como un factor de incertidumbre financiera.
Márquez Alcalá insistió en que cualquier acción de este tipo debe estar respaldada por un proceso legal sólido.
“Debe haber siempre un control judicial de por medio”, afirmó, al advertir que la discrecionalidad puede derivar en violaciones a derechos fundamentales.
Aseguró que otro de los puntos que encendió alertas es el impacto colateral que estas medidas pueden tener.
Explicó que no solo se afecta al titular de la cuenta, sino a terceros que podrían no tener relación con alguna investigación.
“Si simplemente se cierra una cuenta, se puede afectar a terceras personas que nada tienen que ver”, dijo.
Desde su perspectiva, el problema no radica en la intención de combatir delitos financieros, sino en la forma en que se está implementando. Consideró que los mecanismos deben ser más claros, ágiles y eficientes, pero siempre dentro del marco legal.
“¿Es necesario? Sí, sí es necesario, pero no así”, acotó.
Agregó que se requiere una revisión del esquema actual para garantizar que cualquier intervención esté sustentada en indicios y autorizaciones judiciales.
La legisladora adelantó que podrían venir acciones legales por parte de los afectados, incluyendo la promoción de amparos. “Vamos a tener que ver que se den las primeras acciones, para que se promuevan acciones judiciales”, comentó.
Cuestionan congelamiento de cuentas sin orden judicial
