Desde su historia como vecinos, México y Estados Unidos han llevado a cabo diversas iniciativas de carácter bilateral, con el objetivo de prevenir y combatir el narcotráfico. Siempre hemos sabido los mexicanos y los ciudadanos del mundo, la predilección, afición, gusto y adicción de los estadounidenses por las drogas.
En la década de los sesenta, setentas y ochentas, México representaba para los vecinos del norte, un país que servía de paso para el traslado de diversas drogas que venían de Colombia, con destino final Estados Unidos. Sin embargo, la participación y colaboración de distintos gobiernos de México, en la extensa red de corrupción del narcotráfico, provocó la necesidad de lograr acuerdos bilaterales para combatir al narco.
A partir de los años noventa, México dejo de ser país de trasiego de drogas, para convertirse en productor de marihuana, amapola, cocaína y diversos precursores de drogas duras. Sin embargo, la protección de la soberanía mexicana, así como la histórica corrupción dentro de sus instituciones civiles, policiacas y militares, ha propiciado que dichas medidas se desarrollen en un ambiente de desconfianza mutua.
Parecería que la corrupción en está relación bilateral, siempre ha estado del lado mexicano, pero no es así. Las autoridades americanas han sido tan corruptas como las nuestras, nadie ha escapado al seductor poder millonario de los capos del narco. Todo esto, ha incrementado las dudas en ambos sentidos, para hacer frente de verdad a la lucha contra el narcotráfico.
Los Estados Unidos, al ver que, con el paso de los años México es incapaz de combatir el crimen organizado, ante la llegada de la joven democracia y la alternancia política, el incremento de grupos vinculados al narco está fuera de control, al grado de situarse en un nuevo poder político y, por consiguiente, en un narcoestado. Todo esto, de la mano de la implementación de políticas públicas, que dan abrazos y no balazos a los criminales.
Nos vemos ante el determinante anuncio hecho por el presidente Donald Trump, de perseguir a los narcotraficantes como terroristas, generando una nueva categoría por su significativo salto en su reacción a la violencia, ligada con la muerte que está provocando el consumo de fentanilo a la sociedad norteamericana.
El antecedente de esta recategorización de narcotraficantes a terroristas, lo encontramos ni más ni menos, en el gobierno de Barack Obama, en 2011 facultando la consideración de las pandillas como organizaciones criminales internacionales, en el marco de una nueva estrategia nacional para combatir el crimen organizado transnacional.
Lo antes mencionado, fue utilizado por el Departamento del Tesoro en 2012 para aplicar esa consideración o recategorización a la MS-13 mejor conocido como la cúpula de la mara en El Salvador, por delitos contra la seguridad nacional. El Departamento de Justicia recurrió en 2017 a la misma catalogación, como base para la “war on gangs” lanzada por Trump.
Este cambio en el tipo de delito, puede ser clave en el futuro de la lucha contra el narcotráfico, al ofrecer una serie de ventajas, ya que no existe un estatuto de limitaciones sobre cargos de terrorismo y estos tienen asociadas penas severas. Las leyes internacionales también contemplan, un mayor margen de maniobra a los países que luchan contra el terrorismo.
Todo este tema, no está exento de controversia. Para unos, significa una seria violación a la soberanía nacional, para otros, el combate serio y real contra el cáncer que representa el narco en la sociedad, de la mano de instituciones serias y menos corruptas, al no existir el elemento de querer ser un actor político. El narco reúne la variedad de rasgos propios de una organización terrorista.
¿No cree usted?
