El presidente de la organización de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, compartió que se manifestarán en el Senado de la República con el fin de levantar la voz para exigir que sus opiniones sean tomadas en cuenta en la reforma de la Ley General de Salud.
Con esta reforma se busca regular a los centros de rehabilitación a nivel nacional.
Comentó que estos cambios, aprobados hace dos semanas por el Congreso de la Unión y que entrarán en vigor el 7 de enero del próximo año, representan un retroceso para estos lugares lo que podría afectar la operación de cientos de espacios de rehabilitación en el país.
Manifestó que los cambios legales limitarán la operación de los centros al impedir que atiendan a personas que ingresan en contra de su voluntad.
Detalló que se trata de una práctica que forma parte de la realidad cotidiana de cientos de familias que buscan ayuda inmediata ante el consumo de sustancias tóxicas.
Subrayó que la modificación legislativa fue aprobada sin analizar a fondo las implicaciones y sin consultar a los centros de rehabilitación que actualmente operan bajo modelos mixtos y atienden a una población que, en muchos casos, es referida por sus familiares.
Enfatizó que ya preparan protestas y acciones de presión dirigidas a los senadores que serán los encargados de revisar el dictamen.
Sobre el mismo tema el psicólogo Luis Gerardo Andrade declaró que el consumo de sustancias ha ido en aumento y que, en numerosos casos, el internamiento forzoso se convierte en la única alternativa para familias que enfrentan este tipo de situaciones.
Reconoció que muchos de estos anexos ofrecen cuotas accesibles para atender a personas de bajos recursos, pero las exigencias regulatorias hacen difícil ofrecer tratamientos más completos.
Dijo que la atención psicológica y médica suele ser costosa y que por ello consideran que con la nueva ley, los centros tendrían que brindar un servicio más integral.
Puso énfasis en que las personas bajo los efectos de las drogas no están en condiciones de tomar decisiones claras, debido a las afectaciones que estas sustancias generan en la corteza prefrontal, responsable del juicio y el razonamiento.
“Una persona bajo los efectos de las drogas nunca va a poder tomar decisiones claras, por eso es necesaria la integración de la familia y del centro para brindar contención”, añadió.
Reveló que los llamados anexos ofrecen una red de apoyo crucial que incluso contribuye a la seguridad de las personas atendidas pero, sobretodo, de la familia.
La reforma establece que:
la atención en adicciones deberá apegarse a un Modelo de Atención Integral, con carácter comunitario, interdisciplinario e intersectorial. También obliga a los centros a que los servicios se brinden bajo un enfoque de derechos, con perspectiva de género y atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes.
Por otra parte establece que el tratamiento deberá ofrecerse desde el primer nivel de atención y en hospitales generales, privilegiando la participación voluntaria de las personas con consumo problemático.
