Se trata de un ilícito que ya registra este año, 90 probables víctimas en Guanajuato hasta el cierre del mes de abril.
Las estadísticas de incidencia de ese delito señalan que en 2019, esta entidad reportó un total de 190 probables víctimas del delito de corrupción de menores, mientras a nivel nacional, ese año el registro oficial es de 948 menores víctimas.
Ese delito es un tipo penal contemplado en el Título Quinto, De los delitos contra el desarrollo de las personas menores e incapaces. Capítulo Único, Corrupción de menores e incapaces, en el que se describen las conductas tipificadas como delito y se establece su castigo en un total de 7 artículos a partir del 236.
La ley castiga conductas delictivas como obligar a menores e incapaces a sostener relaciones sexuales con fin de que sean grabadas; al comercio, transporte, arriendo y posesión de estas imágenes.
También castiga la procuración de la producción de esos materiales.
Pero además castiga a quien mantenga a menores e incapaces en la corrupción; a sostener relaciones sexuales; el inducirlos a la mendicidad, al consumo de sustancias dañinas para la salud; el obligarlos a asociación delictuosa y otras conductas que son castigadas con penas de cárcel de entre cinco y 15 años de prisión, pero que, en algunas circunstancias pueden ser aumentadas.
También establece sanciones civiles en el caso de que los victimarios tengan parentesco con las víctimas.
Sin embargo, la corrupción de menores es uno de los delitos que representan dificultad para que se conozcan y se persigan.
En el caso de la mujer mencionada, detenida en algún municipio de la región norte del estado, fue una denuncia de hechos, presentada ante la Fiscalía Regional D, la que detonó la investigación que ahora la llevó a prisión preventiva para ser investigada y juzgada.
La condición misma de las víctimas, como menores de edad y dependientes en muchas ocasiones de los victimarios, dificultan que ellas denuncien.
