El contrabando de calzado en México continúa evidenciando fallas estructurales en los mecanismos de control, incluso después de que el gobierno federal excluyó al calzado terminado del programa IMMEX en agosto pasado.
La detección de más de 130 mil pares introducidos de manera ilegal en meses recientes confirma que el problema no ha sido erradicado, sino desplazado hacia otros esquemas.
El presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, CICEG, Juan Carlos Cashat Usabiaga, señaló que el volumen detectado, aunque menor en comparación con años anteriores, sigue siendo significativo por tratarse de mercancía que evade regulaciones.
La cifra cobra mayor relevancia al considerar que antes del decreto se registró el ingreso de más de 40 millones de pares en un solo año, afectando directamente la competitividad de la industria nacional.
Tras el cierre de la vía IMMEX, el flujo irregular encontró alternativas, particularmente en los Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE), espacios que, según el dirigente, operan con niveles de supervisión limitados. El crecimiento en el uso de estos recintos fue exponencial, alcanzando incrementos de hasta 2000% en los últimos dos años, lo que confirmó la migración del contrabando hacia estos canales.
Aunque recientemente se determinó excluir también al calzado terminado de los RFE, la preocupación del sector se centra en la ejecución de la medida con lo que se espera una disminución de importación ventajosa de calzado, en un aproximado de 5 millones de pares.
La permanencia de operaciones irregulares bajo esquemas ya prohibidos sugiere debilidad en la vigilancia y posibles vacíos en la implementación de la normativa.
La CICEG ha solicitado formalmente a la Secretaría de Economía una revisión exhaustiva del fenómeno.
La respuesta institucional será clave para determinar si el Estado puede recuperar el control de un problema que, de escalar nuevamente, podría replicar las cifras históricas que llevaron a la intervención regulatoria.
Más allá del volumen, el caso revela un patrón recurrente: cada restricción genera una reconfiguración del contrabando, lo que obliga a repensar no sólo las medidas prohibitivas, sino la capacidad operativa del sistema aduanero en su conjunto.
