El 18 de julio, Liliana amarró a «Rocky», su perro de 14 años, a la parte trasera de su camioneta y lo arrastró por varias calles del Fraccionamiento Villas de San Miguel en Saltillo, Coahuila. Después lo atropelló tres veces.
Vecinos y usuarios en redes sociales difundieron imágenes del hecho y rastrearon la identidad de los responsables, provocando una exigencia inmediata de justicia.
De acuerdo con organizaciones protectoras de animales, el ataque habría ocurrido presuntamente como un acto de venganza en un conflicto personal.
Tras ser rescatado con heridas de gravedad, «Rocky» fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria privada en Saltillo, ya que presentaba severas quemaduras por fricción y raspaduras en las almohadillas de sus patas y en el abdomen.
El diagnóstico clínico fue de traumatismo medular agudo y daño neurológico irreversible debido a la excesiva fuerza y tracción ejercida sobre su zona cervical durante el arrastre.
Pese a los cinco días de atención médica intensiva que recibió, «Rocky» sufrió un paro cardiorrespiratorio a las 9:05 de la mañana del miércoles 22 de julio.
La Fiscalía estatal identificó a los acusados como Liliana y Jorge, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por el caso que causó indignación pública.
«Horas después (del hecho)», informó la dependencia, «elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron a Jorge ‘N’, quien fue puesto disposición del Ministerio Público local, por obstaculizar la investigación y amenazas a la autoridad.
«El día de hoy (21 de julio), y después de un trabajo de gabinete y de campo, fue detenida Liliana ‘N’, quien ha sido señalada como autora material de estos maltratos y puesta a disposición de un juez de control, quien se encargará de resolver su situación jurídica», agregó.
La mujer fue trasladada e ingresada al Centro Penitenciario Femenil de Saltillo y vinculada a proceso penal bajo cargos de crueldad y maltrato animal. En caso de ser hallada culpable por el delito de maltrato animal, el Artículo 261 del Código Penal de Coahuila establece que podría pasar de dos a cuatro años en prisión.
Habitantes de Saltillo y colectivos de protección animal se manifestaron ayer frente a la Presidencia Municipal y el Palacio de Gobierno al grito de «¡Todos somos Rocky!», exigiendo sanciones ejemplares y la no liberación de la imputada.
