Al comparecer ante la Contraloría Municipal, la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez declaró no estar de acuerdo con la demanda en su contra por percibir un finiquito indefido de 300 mil pesos, porque no es competencia de esta Contraloría la materia laboral.
En la segunda demanda en su contra por pagar 9 mil 503 pesos con recursos públicos gastos personales de servicio de hotel y spa, declaró ante la Contraloría que no está de acuerdo con este procedimiento de responsabilidad que se le instaura, porque dentro de sus funciones que tenía como presidenta municipal no lo era la de organizar cursos, eventos, contratar hoteles ni capacitaciones.
En ambos casos, presentó por escrito también sus declaraciones y las pruebas pertinentes y solicitó que se dé por solucionado el primero por no tener los elementos suficientes en su contra.
La actual diputada federal, arribó a Palacio Municipal y a las oficinas de la Contraloría, acompañada de sus abogados, entre ellos Tania Liliana Olivares Rea, la exregidora Verónica García Barrios y varios porristas y distintos compañeros del partido tricolor.
La audiencia en la Contraloría inició a las 11:40 horas y concluyó a las 13:30 horas, en la que escuchó las demandas, presentó sus declaraciones, documentos de prueba y una demanda contra el alcalde Héctor López Santillana por percibir 18 mil 128 pesos más de emolumentos o salario en el último trimestre del 2015, luego mediante convenio regresó 14 mil 220 pesos, pero aún adeuda 3 mil 908 pesos.
En el primero de los procedimientos administrativos que le realiza la Contraloría, Bárbara Botello Santibáñez declaró: “No estoy de acuerdo porque no es competencia de la Contraloría la materia laboral”.
Luego apuntó “Si el interés de esta administración fuera cuidar el patrimonio y recuperar lo que supuestamente se dio indebidamente, la vía adecuada era la laboral y no la administrativa toda vez que yo jamás solicité aprobé o participé en la liquidación, ya que, como presidenta municipal, no eran mis facultades”.
Además, dijo que jamás ha recibido requerimiento alguno de parte de ninguna dependencia municipal respecto a la cantidad pagada a la suscrita, o sea a ella.
Cuestionó que si de verdad se tratara de cuidar el patrimonio municipal: las liquidaciones que se hicieron a anteriores presidentes municipales se debieron haber hecho con apego a la Ley.
¿Y AL OTRO?
Caso concreto el del exalcalde interino, Octavio Villasana Delfín, quien percibió de finiquito por 7 meses la cantidad de 500 mil pesos, la cual es una indemnización indebida porque primero se le debió finiquitar como director y luego como alcalde interino.
En un receso de la comparecencia y presentación de denuncia, el grupo de priistas aprovechó para hacer, dentro de las oficinas de la Contraloría, proselitismo y porras a favor de Bárbara Botello Santibáñez y contra el gobierno panista.
