El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reportó que México concentró el 35 por ciento de las acciones urgentes registradas entre marzo y septiembre de 2025, al documentar 51 solicitudes de Acción Urgente en nuevos casos de desaparición de las cuales 22 se produjeron en 2024 y 2025.
El estado de Guanajuato se encuentra entre los tres primeros lugares al concentrar el 8% de las acciones urgentes emitidas por la ONU, con al menos cuatro casos; Baja California encabeza la lista con el 58%, veintinueve casos, seguida de Jalisco con el 10%, cinco casos.
Algunos de los perfiles de las víctimas señalan que al menos 39 eran hombres y 11 mujeres, entre ellas una embarazada; además, se reportaron cinco menores de edad, una persona con discapacidad y un defensor de derechos humanos.
De acuerdo con el informe, el Comité considera especialmente grave la supuesta implicación de agentes estatales en desapariciones ocurridas en Jalisco y Guanajuato, donde se documentaron casos en los que las víctimas fueron sustraídas por individuos identificados como miembros de corporaciones de seguridad o personas que portaban uniformes policiales o militares, con indicios de colusión con grupos criminales.
En Guanajuato, el informe destaca tres casos emblemáticos. En uno, un hombre y su empleador fueron privados de la libertad dentro de una carpintería por personas que se presentaron como agentes de la Fiscalía del Estado, quienes posteriormente los trasladaron a un lugar desconocido.
Otro caso ocurrió en Irapuato, donde Francisco Arias Mendoza, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, defensor de derechos humanos y padre buscador fue secuestrado en su domicilio por hombres armados; durante el ataque, otro de sus hijos fue asesinado frente a la familia. Desde entonces, se desconoce su paradero.
El tercer caso refiere la desaparición de José Juan Arias Solís, un adolescente de 14 años que, según su familia, fue desaparecido por elementos de la Guardia Nacional el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago.Ese mismo día, la Fiscalía y las Fuerzas Armadas realizaron un cateo en su vivienda, sin que se conozcan resultados de esa acción.
El Comité también señaló que, en varios de estos casos, las investigaciones presentan graves deficiencias, con retrasos prolongados y ausencia de acciones efectivas de búsqueda. En algunos expedientes, la búsqueda se ha limitado a la verificación de registros oficiales, sin despliegues de campo ni estrategias coordinadas.
Además, el organismo internacional denunció falta de acceso a la información y exclusión de las familias en los procesos de búsqueda, así como reuniones interinstitucionales sin la participación de los representantes de las víctimas. Los expedientes, indicó, presentan páginas faltantes, registros desordenados y escasa comunicación de las fiscalías con las familias.
Aunque el Comité reconoció que el Estado mexicano ha respondido en tiempo a las solicitudes, persisten las deficiencias estructurales: falta de estrategias integrales, búsquedas ineficaces, obstrucción de funcionarios, y protección insuficiente a familiares y defensores.
El organismo exhortó al Estado mexicano a implementar un plan de acción inmediato que garantice búsquedas efectivas, investigaciones imparciales y sanción a los responsables, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
“Las búsquedas no pueden limitarse a revisar expedientes. Deben ser acciones concretas, coordinadas y con participación de las familias”, reiteró el Comité en su llamado a México.
