Celebraron ayer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con la participación de instancias de los tres niveles de gobierno, legislativas y judiciales, quienes resaltaron la importancia y trascendencia que reviste el combate a la violencia de género contra la mujer, al destacar que la entidad ocupa el primer lugar nacional con 235 feminicidios, y se han dictado sentencias históricas por ese delito hasta con 67 años de prisión a los responsables.
Al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instancias representativas del IMUG a nivel estatal, dijeron que el Instituto de la Mujer Guanajuatense aporta información y participa en la Comisión Estatal de Apoyo Integral.
Asimismo, destacaron que la institución tiene la importante responsabilidad y la promoción con todos los actores del aparato de gobierno estatal de los programas y acciones, que están dirigidas en atención hacia las mujeres.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, dijo que sin lugar a dudas Guanajuato lleva un gran avance en la defensa de los derechos de la mujer y el compromiso es apretar el paso, para alcanzar el reconocimiento de las mujeres.
“Por ello, no podemos quedarnos callados ni apáticos contra la violencia a las mujeres, por ello se presenta la estrategia de un compromiso y cien acciones”, dijo.
Mientras, por la parte legislativa, la diputada Magdalena Rosales Cruz, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, recordó la lucha que a través de los años ha encabezado la mujer para hacer que la fuerza física no determine el dominio de un género sobre el otro, así como para fortalecer su participación en diferentes ámbitos profesionales, educativos, culturales, deportivos, entre otros; dijo que “no puede permitirse que el uso de la fuerza física, sea motivo para la dominación de un género sobre el otro e invitó a las mujeres a contestar con la fuerza de nuestra inteligencia, porque la violencia de género no destruye sólo a las mujeres, destruye también a los hombres”.
Por su parte, el diputado Jesús Oviedo Herrera, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de Gobierno, señaló que toda acción discriminatoria conlleva una reacción negativa de la misma magnitud, que no siempre es inmediata, sino que repercute a largo plazo e invitó a llevar a cabo acciones positivas y a trabajar de manera conjunta en la búsqueda de la eliminación de la discriminación y la violencia.
A su vez, la diputada presidenta del Congreso del Estado, Lorena Alfaro García, dijo que la violencia contra la mujer no hace distinción, por lo que es importante emprender acciones como la denuncia en cuando se detecte un acto de violencia.
Por ello, dijo que “vamos a continuar legislando y promoviendo políticas públicas, así como emprendiendo acciones que prevengan la violencia de género y defiendan y protejan los derechos humanos de los grupos vulnerables”, aseveró.
En tanto, se emitió un exhorto al gobernador del Estado, para que presente un plan emergente de seguridad y acceso a la justicia, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en Guanajuato, e informe sobre las políticas públicas aplicadas para erradicar la violencia contra la mujer, así como sus resultados.
La legisladora María Guadalupe Guerrero Moreno señaló que en Guanajuato siguen sin resolverse los delitos que se denuncian por parte de las mujeres y existe complejidad para que la procuración y administración de justicia tengan perspectiva de género, en principio para tipificar, judicializar, y en todo caso, sentenciar y sancionar jurídicamente a los agresores.
La congresista indicó que, de acuerdo con información difundida por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato es el primer estado a nivel nacional con más homicidios dolosos contra mujeres, con 235 víctimas en el periodo enero-septiembre y con 4 mil 534 mujeres víctimas de lesiones dolosas aparece en el segundo lugar en este rubro.
Y por otro lado, la magistrada presidenta Claudia Barrera, titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado –STJE-, puntualizó que “la violencia contra mujeres y niñas es una violación grave contra los derechos humanos, es un mal social que debe combatirse y debe erradicarse de la sociedad, por ello las instituciones en los tres niveles de gobierno tienen la obligación de realizar políticas públicas efectivas, que contrarresten acción u omisión que vulnere derechos de las mujeres”.
Asimismo, enfatizó el trabajo que realizan magistrados y jueces, “porque son quienes juzgan bajo una perspectiva de género, que visibiliza la intrínseca desigualdad existente entre mujeres y hombres y que reconoce que las mujeres viven día con día profundas desigualdades, por cuestiones sociales o culturales que requieren de la adopción de herramientas que permitan combatir asimetrías, pues las mujeres sufren restricciones en su derecho a la justicia y al debido proceso”.
