Familiares, colectivos, redes y plataformas de personas desaparecidas reiteraron su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley General de Personas Desaparecidas.
Señalaron que la iniciativa tiene como objetivo imponer un sistema de vigilancia masiva; dicha propuesta no atendería la crisis de desaparición de personas, además de que podría representar un riesgo para la seguridad de toda la población.
«Esta no partió de una consulta amplia y pública, por ello, reiteramos que es una iniciativa que no respaldamos, principalmente porque no responde a la grave problemática que sufrimos como familiares de personas desaparecidas», señala el comunicado compartido en redes sociales.
Como familiares de personas desaparecidas, manifestaron estar abiertas al diálogo y dispuestas a participar en un Parlamento Abierto, un espacio público en el que se atienda la problemática con metodologías claras, participativas y representativas, y sobre todo, sin prisas, pues advirtieron que los errores del gobierno los terminan pagando las víctimas y sus familias.
Su exigencia está dirigida al Senado de la República y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que atiendan la problemática con profesionalismo y abran un verdadero Parlamento Abierto. Advirtieron que, de no hacerlo, se concretaría un proceso de simulación que solo generaría más impunidad y prolongará la tortura que viven las familias de personas desaparecidas.
A la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidieron que observe con responsabilidad el proceso de reforma a la Ley General. «No hacerlo así perjudica nuestra causa. Valoramos sus aportes técnicos, pero sobre todo su capacidad para lograr una correcta lectura política de la situación que sume a la causa», expresaron.
Por último, puntualizaron que la reforma a la ley debe realizarse en los mismos términos en los que, en su momento, se construyó la Ley General en materia de desaparición de personas.
«La reforma a la ley se debe de dar en los mismos términos y no como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación», afirmaron.
Dicho documento se encuentra firmado por 178 familiares de personas desaparecidas, 90 colectivos, redes y plataformas de personas desaparecidas, así como 54 personas, colectivos y organizaciones solidarias, entre las que se encuentran las Buscadoras del Estado de Guanajuato.
