El diputado federal del PAN, Miguel Salim Alle, criticó el denominado “plan B” en materia electoral, al señalar que no representa una verdadera reforma, sino una propuesta sin sustancia que evade los temas centrales del sistema democrático.
La calificó de ser una propuesta incompleta que deja fuera los temas centrales del sistema democrático en México.
El legislador señaló que, hasta el momento, no existe una iniciativa formal presentada ante el Congreso de la Unión o el Senado, lo que genera incertidumbre sobre su contenido real. “El día de hoy todavía no llega ninguna iniciativa ni al Congreso ni al Senado”, afirmó, al tiempo que indicó que probablemente será discutida primero en la Cámara Alta antes de pasar a los diputados.
Salim Alle recordó que anteriormente calificó como deficiente la propuesta inicial de reforma electoral, pero ahora considera que el plan B va más allá. “Hoy veo que es una ley electoral falsa. Esta no es ninguna ley electoral. Esta es una ley administrativa”, declaró.
En ese sentido, criticó que la propuesta se concentre en ajustes operativos y de control institucional, sin abordar problemáticas estructurales como la sobrerrepresentación legislativa, la implementación de una segunda vuelta electoral o la regulación de las candidaturas plurinominales. “¿Dónde quedó la reforma electoral? ¿Dónde quedó el tema?”, cuestionó.
Asimismo, advirtió que el documento omite aspectos fundamentales como las sanciones contra el uso de recursos ilícitos en campañas políticas. “No hay sanciones, ya se olvidaron de las sanciones”, enfatizó, al reiterar que Acción Nacional ha propuesto medidas más estrictas, como la cancelación del registro a partidos que incurran en financiamiento ilegal.
Sostuvo que el plan B carece de sustento para fortalecer la democracia, ya que no plantea cambios de fondo ni garantiza condiciones más equitativas en los procesos electorales.
Advirtió que el llamado “plan B” en materia electoral podría derivar en un debilitamiento de las instituciones encargadas de organizar y vigilar los procesos democráticos en México y que el supuesto ahorro que acarrearía no representa ni el 0.04%.
“Representaría apenas el 0.039% del presupuesto federal. “No llegan ni al 0.04%”, señaló.
El diputado contrastó esta cifra con otros gastos públicos de mayor magnitud, al asegurar que el impacto del supuesto ahorro sería mínimo y no justifica los cambios planteados. En ese sentido, insistió en que la prioridad debería ser fortalecer las instituciones democráticas y no reducir su capacidad operativa.
