El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que hay avances sustanciales en el caso de la investigación del asesinato en contra de la madre buscadora, Teresa Magueyal, ocurrido la semana pasada en el municipio de Celaya.
Carlos Zamarripa aclaró que esos avances no es posible darlos a conocer, pero se ha avanzado lo suficiente para que la Fiscalía pueda judicializar el caso y llevar ante la justicia a los presuntos responsables del asesinato de la madre buscadora.
“Hay un avance significativo. Como ustedes saben no podemos darlo a conocer en este momento, pero hay un avance significativo para poder judicializar el caso”, dijo Zamarripa Aguirre.
Teresa Magueyal buscaba a su hijo desaparecido desde el pasado mes de abril de 2020, cuando el pasado 2 mayo, en una de las calles de San Miguel Octopan fue acribillada por un grupo de sujetos armados que se dieron a la fuga.
El funcionario estatal consideró que también se cuenta con los elementos suficientes para que el caso de esta mujer buscadora sea abordado desde la figura del feminicidio.
“En su momento emitiremos la información correspondiente. Sí, por supuesto”, afirmó al ser cuestionado sobre si se puede abordar el asesinato, desde el feminicidio.
En la fecha ya señalada, la madre buscadora se desplazaba a bordo de una bicicleta, cuando fue sorprendida por un grupo de hombres que le dispararon con armas de fuego hasta causarle la muerte.
El fallecimiento de Teresa Magueyal desató una ola de fuertes reclamos y cuestionamientos de parte de representantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Guanajuato, por el estado de indefensión en que se encuentran.
De acuerdo con esos mismos grupos, en el Estado de Guanajuato en lo que va de este año ya han sido privadas de la vida, un total de siete mujeres que por su cuenta se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos.
Los grupos y colectivos de búsqueda de personas no localizadas lamentaron que en casos como este, pese al riesgo que enfrentan, las autoridades estatales de procuración de justicia y seguridad pública no les brinden la protección necesaria para realizar sus labores y evitar desgracias personales.
